24/11/17 - 05:17

Por: Marcos Ibazeta Marino

La destrozada moral pública hace carne en toda la sociedad peruana y parece que a la institucionalidad estatal esta situación le importa poco o nada y no está midiendo el impacto que tal estado de putrefacción pública pueda provocar como reacción ciudadana, ni siquiera la magnitud de ésta, a pesar de conocer por la historia que todo régimen corrompido en todos sus ámbitos siempre ha producido revoluciones o cruentas protestas. En el Perú tenemos rasputines por todos lados y no pasa nada.

Muy pocos se salvan de las salpicaduras de la corrupción, pero si la inmoralidad comienza a mostrarse en los más altos niveles del Ejecutivo, Legislativo, organizaciones políticas, gobiernos regionales y locales, entre otros que ya son conocidos por este problema que nunca logran superar, hay que preocuparse seriamente cuando las entidades que deben perseguir el delito y sancionarlo muestran gravísimas falencias plasmadas en inefectividad, ineficacia, indolencia, manipulación funcional e incompetencia en sus gobiernos institucionales, el pueblo comienza a percibir que todo quedará impune y, tal vez, algunos funcionarios o sujetos de mínimo nivel de poder reciban alguna pena para justificar la impunidad de los peces gordos.

Si los entes de control han fracasado en hacer que las reglas se cumplan y que el manejo de la cosa pública se haga con honradez y transparencia, la gran pregunta que nos hacemos todos es: ¿quién asume el rol de saneamiento moral del Estado y de la sociedad?

El problema radica en que nadie quiere caer solo, en cuya virtud, asistimos ahora a la eterna actitud del toma que te doy, que tú eres más ladrón que yo, que las reglas se aplicaron a unos pero se busca su inaplicación a los nuevos delincuentes de cuello y corbata. Todos ahora hablan de juicios políticos y debido proceso, de autonomías institucionales convertidas en islas de impunidad y fuentes de arbitrariedad sin control alguno.

Es decir, están combatiendo unos con otros en el nivel de poder pero no se percatan que el poder que tienen es para darle resultados de beneficio a toda la población y no a protegerse de sus majaderías. ¿Quién mide estos resultados? Parece que nadie y tampoco les importa porque es mas que obvia la protección de sus propios intereses.

Si no definimos quién le pone el cascabel al gato desde los poderes públicos, seguramente el fundamentalismo radical, infiltrado en la base social, hará lo suyo y lo lamentaremos.