Con 70 votos a favor, 30 en contra y siete abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la llamada ‘Ley Mulder‘, que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, a excepción de casos de desastres naturales y campañas de educación electoral. El premier César Villanueva indicó antes de la votación que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la ley.

Tras un debate de más de dos horas, el Congreso adoptó esta decisión gracias a 59 votos de Fuerza Popular, cuatro de Alianza por el Progreso, tres del Apra, uno del Frente Amplio y tres de los ‘no agrupados’, congresistas que no forman parte de alguna bancada. Las bancadas Nuevo Perú y Peruanos por el Kambio—junto a dos parlamentarios de Alianza para el Progreso, uno de Acción Popular y diez ‘no agrupados’—votaron en contra. Se abstuvieron cuatro congresistas del Frente Amplio, dos de Acción Popular y uno no agrupado.

Antes de proceder con la votación, el Congreso rechazó la cuestión previa que presentaron los congresista Alberto Quintanilla y Gilbert Violeta para que la iniciativa legislativa, que data de noviembre del 2017 y que fue modificada en febrero pasado, regrese a la Comisión de Transporte y Comunicaciones y, adicionalmente, pase por la Comisión de Constitución.

Durante el Pleno del Congreso, el presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, Roy Ventura, aseguró que son infundadas las observaciones del Poder Ejecutivo—que aseveró que la norma limita la capacidad del Estado de “informar con racionalidad, sin exceso y cuidando los recursos públicos”—dado que la llamada ‘Ley Mulder’ no transgrede la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. “El proyecto aprobado en ningún momento prohíbe que la publicidad estatal y la comunicación entre medios privados no esté en su totalidad, se da excepciones”, aseguró.

Como se recuerda, la iniciativa de Mulder señala que el Estado podrá colocar publicidad en medios privados sólo en caso de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, y en casos de campañas de educación electoral, una vez convocadas las elecciones, por los entes electorales.  También establece que el dinero que destinen los órganos del Estado a la publicidad en los medios privados, en ningún caso, sea mayor al 10% de la facturación que obtiene cada medio por publicidad, siempre y cuando no supere el 0.25% de la partida de bienes y servicios de la entidad pública.

A su turno, el congresista Mauricio Mulder volvió a indicar que el gobierno no requiere de publicidad en los medios privados porque cuenta con las redes sociales y el canal del Estado, que a su juicio “tienen más cobertura que todos los canales juntos”. Además dijo que si algún ministro o el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, quiere informar de algo “puede hablar cuando quiere o hacer cadenas nacionales”.

“Los grandes medios de comunicación prescinden mucho de la publicidad del Estado. Pero claro, la plata que llega con tarifas más altas siempre es bienvenida”, señaló Mulder durante su exposición, no sin antes volver a indicar que existe un “despilfarro” de los recursos públicos. Según un análisis de SEMANAeconómica, el porcentaje de la publicidad estatal en el mercado publicitario, en los últimos tres gobiernos, ha sido máximo de 10.7% y se ha venido reduciendo consecutivamente a partir del 2014.

El congresista no asociado, Alberto de Belaunde, señaló que la propuesta es inconstitucional porque es discriminatoria, afecta la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de estar informados. Coincidió con algunos de sus colegas que mostraron su rechazo a la ‘Ley Mulder’, y dijo que “el principal problema es que no es una propuesta que regula o controla, sino que prohíbe” y no plantea un mecanismo objetivo que distinga si lo que se paga es una “publicidad grosera de un funcionario o información valiosa para el ciudadano”.

A su turno Mercedes Aráoz recordó que la anterior gestión envió este año una propuesta al Congreso para regular la publicidad estatal, pero que nunca se debatió en la Comisión de Transporte. “Nosotros proponíamos una mirada integral a la comunicación estatal”, dijo. La propuesta contemplaba que se modificara la Ley 28874, que actualmente regula la publicidad estatal, y que se cambiara el término ‘publicidad estatal’ por el de ‘comunicación gubernamental’. “Si damos publicidad lo hacemos de acuerdo a sistemas de lectoría, ratings. Se puede ampliar en el reglamento (de la Ley 28874) si es necesario. Volvamos a la Comisión a debatir la ley que mandó el Ejecutivo”, pidió.

Durante el debate, el congresista Mulder también señaló que presentará “un proyecto de ley para que se cumpla la ley de periodista”, debido a que algunos profesionales de la comunicación “tienen regímenes laborales deplorables”; mientras el parlamentario Marco Arana dijo que creen que el tema de fondo “no es prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación, sino el debate sobre la democratización de los medios de comunicación”.