Es recién en octubre de 2018 cuando las comunidades logran una reunión de trabajo -gracias a la CIDH- para encontrarse con el Estado. El detalle: la reunión fue en Boulder – Colorado. Los apus de Cuninico y San Pedro tuvieron que viajar 10 horas en bote a Nauta, luego dos horas por tierra a Iquitos, luego una hora en avión a Lima. En Lima tuvieron que hacer los trámites y sacar visa a Estados Unidos, para embarcarse y en un viaje con escala llegar a Boulder. Un periplo casi infinito, pero el esfuerzo valía la pena, ya que las comunidades querían conversar con el Estado y buscar soluciones urgentes para asegurar su agua, su alimentación y su salud, en pocas palabras para sobrevivir.

Al regresar al Perú las comunidades mandaron una carta al Estado y pidieron toda la documentación de la que hablaron los abogados del Estado en la reunión en Estados Unidos. El Estado llamó a una reunión el 29 de noviembre. Nuevamente vino un apu desde su comunidad, más de 15 horas de viaje, buscando avances concretos, no solo palabras y normas. Porque comer comida con petróleo, tener metales pesado en la sangre no te mata en el acto, es un asesinato insano en cámara lenta, es degradar el futuro de los niños y niñas de las comunidades, es arrancharles la esperanza y la vida. Y llegaron a esta reunión con una lista de indicadores concretos para poder cumplir con estas medidas. Estos fueron leídos junto con el abogado del Estado. Al finalizar la reunión el abogado señaló que quería ir a las comunidades, el apu de Cuninico le dijo que sí, que por favor vaya, para que vea el petróleo con sus propios ojos.

Tuvo que darse otra reunión de trabajo este 12 de febrero en Bolivia, para que el Estado dé cuenta de los avances de las medidas cautelares ante los representantes de la CIDH. Pero sobre los indicadores propuestos por las comunidades de San Pedro y Cuninico el Estado no respondió, por más que el apu y la madre indígena insistieron. Era un diálogo de sordos. Los indígenas insistiendo en que se protejan sus derechos al agua, la alimentación y la salud mediante los pasos que ellos habían propuesto en noviembre de 2018; el Estado respondiendo que ya habían firmado un convenio con Petroperú para asegurar proyectos productivos sobre peces. De nada valió que se le recordara que el cumplimiento debe ser concertado con las comunidades, que no necesitan campañas itinerantes de salud que solo sirven para agrandar cifras grandilocuentes sobre atenciones odontológicas o de oculistas, sino que necesitan atención especializada y un seguimiento adecuado para eliminar los metales tóxicos de sus cuerpos. Y se les insistió en que mientras no vayan y les aseguren que el agua de los caños temporales que hay a cien metros de sus casas se encuentra en buen estado, y les aseguren que no va a salir agua marrón y que no es perjudicial para su salud, ellos y sus familias van a seguir viviendo con miedo y sin entender porque el Estado los maltrata, y no hace nada para que no vivan contaminados.