Uno con prisión preventiva y otro que prefirió el suicidio antes que siquiera verse enmarrocado a nivel nacional en señal abierta y horario exclusivo.

El primer caso, el de Pedro Pablo Kuzcynski, es el más llamativo de toda la corte de expresidentes peruanos del siglo XXI, pues a sus 80 años enfrenta una prisión preventiva de 36 meses, debido a sus vínculos con la empresa Westfield, la cual habría sido –junto con otras personas de su entorno cercano- los canales por los cuales la brasilera Odebrecht pagó los sobornos con los cuales logró beneficiarse de las concesiones de la Interoceánica y el gasoducto.

Kuzcynski, como ya lo hemos mencionado en otros artículos, fue el engranaje entre la empresa Odebrecht y el gobierno del presidente Alejandro Toledo (prófugo actualmente) para que los brasileros se hicieran de las concesiones de las obras antes señaladas, previo acuerdo de un pago de coima que según la fiscalía habría sido lavado a través de empresas offshore y personas allegadas al exmandatario. Por esta razón y por otras pruebas encontradas en la investigación preliminar, los fiscales del equipo especial LavaJato solicitaron al Poder Judicial, variar la orden de detención preliminar a prisión preventiva para el líder de Peruanos Por el Kambio.

Al cierre de este texto, la familia de PPK y sus congresistas aliados (Heresi, Violeta y Sheput) así como otras voces políticas han señalado que la prisión preventiva es un exceso, sobre todo por la edad y el delicado estado de salud del exmandatario. Y han solicitado, sino exigido, que el caso sea llevado con Kuzcynski en prisión domiciliaria o bajo comparecencia restringida, tal como ha sido hasta ahora.

Así las cosas, PPK se convierte en el segundo presidente marcado por la agenda corrupta de Odebrecht que debe pasar por prisión mientras duran las investigaciones. Recordemos que el primero fue Ollanta Humala. Mientras, Toledo sigue prófugo y Alan García estuvo a punto de ser arrestado, de no ser por una decisión que, si hacemos caso a su carta de suicidio, ha sido el último acto político de un personaje que nunca quiso tener las esposas, ni mucho menos enfrentar un proceso judicial.

A esta hora, mucho se ha hablado sobre el accionar de Alan García, quien en un acto final de megalomanía prefirió el egocentrismo del suicidio antes que responder a la justicia y demostrar lo que tantas veces dijo. Aquello de “otros se venden, yo no”.

La mañana del miércoles 17 de abril de 2019, García Pérez se vio rodeado en el segundo piso de su vivienda, de un grupo de policías y elementos de la fiscalía que venían a allanar su domicilio y a cumplir la orden de arresto preliminar por 10 días.

Hasta el momento y según la versión de diversas fuentes que estuvieron en el acto, desde la escalera que conecta el primer con el segundo piso de su domicilio, García le dijo al fiscal y a los policías que iría a llamar a su abogado. Acto seguido, cerró la puerta del dormitorio y se descerrajó un tiro en la cabeza, con lo cual tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital donde después de varias horas, tres paros cardiorrespiratorios y un derrame cerebral, falleció pasadas las diez de la mañana.

Este hecho ha sido utilizado políticamente por sus correligionarios quienes han calificado el suicidio como un “acto de honor” y una prueba de valentía para sus “enemigos”. Incluso, han utilizado al hijo menor de García para acusar una inexistente persecución política contra el hoy cremado líder del aprismo. En el borde del paroxismo, la muerte de García ha sido utilizada por apristas y fujimoristas para decir que existe un gobierno fascista con una policía judicial del mismo carácter de la Gestapo, encargada de “desaparecer” a los supuestos enemigos políticos.

Sin embargo, no se puede culpar a nadie del suicidio de García. La decisión tomada por él, responde a un juego político en el cual él –cual si fuera un rey de ajedrez- no podía ser jaqueado ni tomado prisionero. Incluso, según fuentes de Otra Mirada, la decisión fue anunciada previamente a la cúpula del aprismo, al menos la noche anterior, cuando reunió a un selecto grupo para decirle que “A Alan García jamás lo verán preso o enmarrocado”.

Las seis armas en poder de García hablan de un hombre que esperaba este momento. Quizá en el acápite más novelesco de este mito urbano muchos hubieran querido verlo batiéndose a tiros con sus captores. Eso forma parte de ese cuento que siempre ha girado alrededor de García, el mismo que se decía escapó por techos y tuberías en el año 1992 cuando el fujimontesinismo quiso atraparlo. O aquella leyenda que dibujaba a un presidente que se escapaba por las noches en una moto desde Palacio para salir de aventuras románticas. O aquella que hoy gira por redes sociales donde Alan García habría salido caminando hacia su camioneta la mañana del miércoles y que él moribundo que aparecía en las fotos era un doble muy bien maquillado.

Así fue la vida de García: azarosa, temeraria, indolente y llena de mitos. Hoy su vida ha terminado, pero su historia continúa, para bien o para mal. Lo que diga Jorge Barata en Brasil esta semana, puede terminar con la figura grandilocuente de Alan García o –para alegría de sus correligionarios- elevar a la máxima potencia el mito que pretenden imponer del impoluto, honesto y gran hombre político que quieren construir, incluso usando a su hijo menor, aprovechándose de su pena y la furia de un púber que ha perdido a su padre.

Que ni el suicidio de García, ni la salud precaria de PPK, se conviertan en elementos para distraer la atención sobre la lucha contra la corrupción, ni que tampoco sean una punta de lanza para ir en contra de un sistema que –con virtudes y defectos- ha logrado poner en jaque a más de un, hasta hoy, intocable personaje vinculado con la corrupción.