29/05/24 – 04:53
En respuesta, Carhuancho rechazó el presente de manera pública y firme, alegando la necesidad de mantener la integridad y neutralidad en su función.
«Señor alcalde, agradezco los saludos de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Daniel Alcides Carrión y los acepto, pero de la autoridad política, esa no la acepto. Se la devuelvo para que la reciba de vuelta, discúlpeme», dijo Concepción Carhuancho al alcalde.
El hecho no pasó inadvertido porque Julio Rupay, actualmente, es investigado por presunta usurpación agravada y abuso de autoridad. Estas acusaciones surgieron luego de una denuncia penal interpuesta por la empresa minera Cerro S.A.C., que alega que Rupay se apropió de un terreno de 1300 m², causando daños patrimoniales y económicos significativos.

Denuncia contra Julio Rupay. Foto: El Muro
Por otro lado, según lo estipulado en el Código de íÉtica de la Función Pública y la Ley de la Carrera Judicial, los magistrados no pueden recibir regalos que puedan influir en sus decisiones o que sean percibidos como intentos de influencia.
Recientemente, Concepción Carhuancho fue quien ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, acusado de organización criminal y tráfico de influencias, que también capturó la atención pública y subrayó su firmeza ante posibles presiones o influencias.
Asimismo, alcalde ha estado involucrado en operaciones significativas contra la corrupción, como el allanamiento de 26 inmuebles en diversas regiones de Perú, en colaboración con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
El contraste entre la actitud del juez Carhuancho y otros casos de funcionarios judiciales que han aceptado condecoraciones o regalos en circunstancias controvertidas es notable. Por ejemplo, la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue investigada por aceptar la Medalla de Lima, un hecho que levantó cuestionamientos sobre la ética y la independencia en el ámbito judicial. Igualmente, el juez supremo Javier Arévalo recibió la Orden del Trabajo de manos de la jefa de Estado, generando debate sobre la imparcialidad requerida en las instancias superiores de justicia.




