Amazonas. – Una reciente alerta emitida por la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia preocupantes deficiencias en la gestión de seguridad ciudadana en las municipalidades provinciales de Bagua, Utcubamba y Chachapoyas, en el marco del operativo de Control Preventivo de Seguridad Ciudadana 2025.
Los hallazgos comprometen seriamente la eficacia de los servicios de serenazgo y videovigilancia, así como la seguridad de los propios agentes, y dejan en claro la falta de capacidad de respuesta ante eventuales actos delictivos.
Bagua: sin cámaras, sin personal suficiente y sin planificación
En la Municipalidad Provincial de Bagua, se constató que la falta de personal impide el uso completo de las unidades de patrullaje, disminuyendo la cobertura del serenazgo. No se cuenta con cámaras de videovigilancia, ni con un plan operativo actualizado, y el registro de incidencias es utilizado de manera deficiente. Además, el personal no dispone de equipos de protección personal, exponiendo su integridad.
Utcubamba: contrataciones sin concurso y videovigilancia sin soporte técnico
En Utcubamba, se detectó que 31 agentes de serenazgo fueron contratados sin concurso público y sin contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Tampoco existen planes de mantenimiento ni manuales operativos del sistema de videovigilancia, lo que compromete su funcionamiento y sostenibilidad.
Chachapoyas: cámaras con almacenamiento limitado y agentes sin medios
En el caso de la capital regional, la Contraloría reveló que las grabaciones de las cámaras de videovigilancia solo se conservan durante 35 días, cuando la normativa exige un mínimo de 45. Además, no existen manuales de operación ni planes de mantenimiento, y el personal carece de equipos básicos como radios o medios de defensa. También se observó que la información del servicio no ha sido actualizada ante el Ministerio del Interior, lo que representa una omisión institucional.
Alerta por falta de capacidad operativa y riesgos para la población
Según el informe, estas falencias no solo afectan la capacidad operativa de las municipalidades, sino que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y la integridad de los trabajadores del serenazgo, al operar en condiciones precarias e irregulares.
Si bien algunas comunas han iniciado medidas correctivas tras las observaciones del órgano de control, la Contraloría exhortó a todas las autoridades provinciales y distritales, así como al gobernador regional Gilmer Horna, en su calidad de presidente del CORESEC (Comité Regional de Seguridad Ciudadana), a adoptar acciones inmediatas y sostenibles que garanticen un servicio seguro, eficaz y permanente en favor de la población amazónica.
