Condorcanqui, Amazonas. – En respuesta a la creciente amenaza de la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, el Gobierno Regional Amazonas (GOREA), presidido por Gilmer Wilson Horna Corrales, ha iniciado gestiones para la creación de una Unidad de Control Fluvial (UCF), una infraestructura estratégica que permitiría fortalecer la vigilancia en las cuencas hidrográficas afectadas por esta actividad ilícita.
La propuesta fue presentada durante una reunión de trabajo entre funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas y representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), en la que se planteó una inversión de aproximadamente S/ 39 millones para implementar esta unidad especializada. Según se informó, la UCF estará orientada a monitorear el tránsito fluvial, controlar el ingreso de maquinaria y prevenir la expansión de campamentos de minería ilegal a lo largo de los ríos Santiago, Morona y Cenepa.
Esta iniciativa regional coincide con el estado de emergencia territorial declarado por la Nación Autónoma Wampís, cuyos líderes han anunciado acciones firmes para expulsar a los mineros ilegales que operan en sus territorios ancestrales. La organización indígena ha denunciado en reiteradas ocasiones el avance de estas mafias sobre sus bosques, ríos y comunidades, afectando no solo el equilibrio ecológico de la zona, sino también la seguridad de sus habitantes.
“La construcción de esta unidad de control es un paso concreto hacia una minería responsable y sostenible. Buscamos articularnos con el Gobierno Nacional para proteger nuestros recursos y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios”, declaró un vocero de la Dirección Regional de Energía y Minas.
El proyecto es visto como una oportunidad para establecer un control permanente en puntos críticos de navegación fluvial, utilizados por redes ilegales para el transporte de insumos, combustible y maquinaria pesada. Además, se espera que sirva como base operativa para el despliegue de fuerzas del orden y personal técnico especializado.
Mientras tanto, la Nación Wampís mantiene su llamado a las autoridades para actuar con mayor firmeza y celeridad. “No permitiremos que intereses económicos ilegales destruyan nuestro hogar. Si el Estado no llega a tiempo, nos defenderemos por nuestros propios medios”, han manifestado públicamente sus representantes.
La presión crece tanto desde el gobierno regional como desde las bases comunales para que este proyecto se priorice a nivel nacional y se dote de los recursos necesarios en el más corto plazo, antes de que el daño ambiental y social sea irreversible.
