16/04/25 – 06:04
“Hasta que se esclarezca su situación y se determinen las responsabilidades correspondientes en el marco del respeto al debido proceso y la separación de poderes”, recomienda el preinforme.
Ello debido a que la mandataria habría permanecido internada en una clínica por un periodo de dos días y una mañana, sumando a esto los días de descanso médico (7 a 12 días) que habría requerido para la recuperación de este tipo de cirugías, hechos que evidenciarían un abandono de cargo sin justificación constitucional, al no haberse activado el mecanismo de sucesión presidencial establecido en la Constitución, lo cual configuraría una posible infracción de los artículos 114, 115 y 118 de la Carta Magna.
De acuerdo con el documento del grupo de trabajo, se recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, en el ejercicio de sus funciones, determine si la presidenta de la República, como consecuencia de las intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido, ha incurrido en una infracción constitucional.
“La presidenta Dina Boluarte Zegarra habría incurrido en múltiples faltas a la verdad, que en conjunto reflejarían una conducta reiterativa, dolosa y encubridora. El cúmulo de estas mentiras, sumado a los actos de posible corrupción, represión desmedida y ocultamiento de la verdad, configuraría una clara situación de incapacidad moral permanente, conforme al artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú”, se indica.
Además, se recomienda remitir copias del presente informe a la Fiscalía de la Nación para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, evalúe el inicio de investigaciones preliminares contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y los posibles responsables, por la presunta comisión del delito de omisión de funciones, tipificado en el artículo 377 del Código Penal peruano.
Omitió informar al Congreso
El preinforme de la Comisión de Fiscalización determinó que Boluarte no informó al Congreso sobre la posible incapacidad temporal para el ejercicio de sus funciones presidenciales, derivada de las intervenciones quirúrgicas realizadas.
“Esta omisión es relevante en la medida en que la Constitución establece procedimientos claros para la sucesión temporal del mando en caso de impedimentos que afecten el ejercicio de la función presidencial”, se enfatiza.
Añade que la omisión de informar al Congreso sobre su situación médica y la posible afectación en el ejercicio de sus funciones podría configurar una infracción a sus deberes de función.
“Esta conducta, en el marco del ordenamiento jurídico vigente, podría ser evaluada en términos de la figura penal de omisión de funciones, conforme a lo establecido en el Código Penal, en la medida en que impidió la activación de los mecanismos institucionales correspondientes”, se subraya.
Facultades investigadoras
También se recomienda al pleno del Congreso evaluar la concesión de facultades de investigación a la Comisión de Fiscalización, a fin de que pueda desarrollar sus funciones con las prerrogativas de un grupo investigador en el presente caso.
“Esta medida permitiría superar los obstáculos surgidos durante la indagación y fortalecer las capacidades del Congreso en el ejercicio de su labor de fiscalización. Asimismo, el otorgamiento de dichas facultades contribuiría a garantizar el acceso oportuno a la información relevante y evitar actos de obstrucción que limiten el control parlamentario sobre la gestión pública”, se señala.
Otárola dice que no sabía nada
En horas de la mañana, el expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola negó que la mandataria Dina Boluarte le haya informado que se sometería a una cirugía a fines de junio de 2023.
“¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? La respuesta es contundente: No, no lo hizo. No solo lo digo yo, sino que así lo ha manifestado la señora Dina Boluarte en sede del Ministerio Público”, dijo Otárola ante la Comisión de Fiscalización que lo citó por segunda vez.
En ese contexto, indicó que es importante determinar si existió impedimento temporal cuando ocurrió la cirugía.
“Si se acredita incapacidad temporal, evidentemente debió hacerlo comunicando al presidente del Congreso para que este asuma las funciones en tanto dure dicho impedimento”, añadió.
