15/04/25 – 04:17
La Ley N.° 32058, aprobada en mayo de 2023, permite a los congresistas postular a la Presidencia, el Congreso bicameral, gobiernos regionales o alcaldías sin renunciar a su cargo. Esa norma, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fue presentada como una forma de “optimizar” los procesos electorales.
No obstante, causó preocupación en distintos sectores por la posibilidad de que se diluya la línea entre la representación parlamentaria y el proselitismo.
En ese contexto, Salhuana remarcó que los legisladores no gestionan fondos públicos directamente, aunque sí manejan recursos como sueldos, viáticos y gastos de representación.
“Primero, que el congresista no maneja recursos públicos ni fondos del Estado. Solo maneja su remuneración y los gastos de representación. En todo caso, tendría que actuar con transparencia y corrección, que es lo que corresponde”, enfatizó.
Aunque la ley no impone límites estrictos, el uso de recursos logísticos del Congreso podría derivar en cuestionamientos. Movilidad oficial, personal de seguridad, papelería, viajes y asesores se encuentran entre los elementos que podrían ser utilizados para campañas, lo cual encendería alertas sobre un eventual uso indebido del aparato estatal.
El antecedente más reciente lo conforma un grupo de congresistas señalados por presunto uso de recursos públicos con fines partidarios. Darwin Espinoza, Flor Pablo, Alfredo Pariona, Isabel Cortez y Pasión Dávila habrían destinado bienes, personal y tiempo de representación para promover sus agrupaciones políticas en distintas regiones del país. Estos casos podrían derivar en sanciones administrativas o incluso penales.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para debatir una serie de dictámenes en sesiones programadas para el 15 y 16 de abril. Entre los proyectos a discutirse figuran propuestas para el fortalecimiento de la microempresa, la masificación del gas natural, el impulso a la producción agrícola andina y la mejora de la competitividad turística. La Junta de Portavoces, presidida por Salhuana, ya definió la agenda prioritaria.
Así, el escenario político combina la antesala electoral con la actividad parlamentaria habitual, en medio de un contexto donde la ética pública se convierte en un eje fundamental del debate ciudadano
