Los temas que el Congreso debe debatir en el pleno ambiental

que se vuelva a estudiar la Ley Forestal y la ley que amplí­a el plazo de inscripción en el Reinfo de los mineros ilegales, en razón a sus efectos negativos sobre la Amazoní­a. Ahí­ se planteó un pleno ambiental, el mismo que se realizarí­a el próximo 8 de mayo. Los temas a tratarse  no se limitarí­an a los dos que reclamó la IRI, ya que el asunto ambiental requiere el abordamiento de aspectos urgentes que hasta ahora han quedado relegados en el Congreso.

Modificar la norma aprobada por el Congreso que debilita la Ley Forestal en lo concerniente a la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Significa que posibilita el cambio de uso de tierras sin autorización de zonificación forestal, por ejemplo, para actividades agropecuarias, lo que deja abierto el riesgo de deforestación.

Laura Vargas, coordinadora de la IRI, tiene claro que esta Ley Forestal abre las puertas para una mayor depredación de la Amazoní­a con el argumento de que beneficiará a pequeños productores de cacao o café.

Ahora el promedio de deforestación es de 150.000 hectáreas al año, que ya es muy alto, y se está hablando de que se puede llegar a 600.000 o 700.000 hectáreas. Para mí­ es inimaginable, es una deforestación acelerada?, alerta.

En cuanto a la minerí­a ilegal y la aprobada ampliación del plazo de formalización, el obispo de Jaén, Alfredo Vizcarra, también miembro de la IRI, señala el crecimiento de esta actividad y sus consecuencias: Aparte de contaminar el ambiente, dividen a las comunidades, se desarrolla la trata de personas, traen enfermedades, lo que es muy triste?, refiere.

El debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental   con el pretexto de optimizar  el proceso de evaluación de impacto ambiental y facilitar los trámites para promover las inversiones es otro tema que José de Echave, analista de CooperAcción, reclama un lugar en la agenda del pleno ambiental.

Hay un claro proceso de debilitamiento de la institucionalidad ambiental, que es incorrectamente percibida como un obstáculo para las inversiones, cuando la institucionalidad ambiental lo que trata de establecer son puntos de equilibrio. Toda la institucionalidad del Ministerio del Ambiente como sus órganos adscritos, OEFA y Senace, está en situación complicada. Por lo tanto, no se da el contrapeso que cualquier paí­s serio necesita para que las inversiones y la economí­a marchen de acuerdo a los estándares ambientales?, estima.

De Echave también considera que el asunto del agua es crucial, porque el Perú está marchando aceleradamente a una situación de estrés hí­drico. El paí­s no está preparado para afrontar una ausencia de lluvias sostenida ni tampoco tiene capacidad de almacenamiento de agua?, advierte.

El reconocimiento territorial  como pueblo indí­gena (wampis, awajún, chapra, ashéninka, achuar y otros), no solo como comunidad, es un tema que se ha tratado de impulsar, pero no ha avanzado. Ismael Vega, del Centro Amazónico de Antropoligí­a y Aplicación Práctica (CAAAP), considera muy importante tratar este punto que implica un ámbito ancestral para que un determinado pueblo pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, como alimentación, salud, etc.

El derecho como pueblo al territorio integral es uno que está reconocido en la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indí­genas. Inclusive proponen su derecho al autogobierno y a la autonomí­a que también está señalado en las leyes internacionales?, refiere.

Vega también considera que se debe abordar el tema de la participación polí­tica de los pueblos indí­genas.

Se trata de que tengan una representación polí­tica de acuerdo a la población existente. A los amazónicos y andinos les corresponderí­a como veinte congresistas, si se toma en cuenta la población que se autodenomina indí­gena?, menciona el consultor del CAAAP.

La personalidad jurí­dica de los pueblos indí­genas va ligada al tí­tulo de propiedad de territorios, porque Sunarp no podrá registrar la propiedad territorial si no tienen, primero, la personalidad jurí­dica inscrita.

Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, señala que en Sunarp no hay registro de pueblos y que hay un proyecto de ley para crearlo, que se quedó en dictamen, pero podrí­a reactivarse.

Comenta que la propiedad de los bosques actualmente es del Estado, pero opina que deberí­a ser de los pueblos indí­genas como manda el Convenio 169 de la OIT, el mismo que fue ratificado por Perú hace 30 años y a la fecha ni un pueblo tiene la propiedad de los bosques.

Entonces, la inscripción de la personalidad jurí­dica y la titulación de la propiedad territorial de pueblos van juntas, porque Sunarp no va a querer inscribir la propiedad territorial si no tienen la personalidad jurí­dica registrada?, reafirma Raquel Yrigoyen.

Los territorios amazónicos donde se desplazan los Pueblos Indí­genas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) vienen siendo amenazados por actividades ilegales y también legales ejecutadas por quienes niegan su existencia. Ismael Vega, del CAAAP, considera que protegerlos debe estar en la agenda del próximo pleno ambiental.

Remarca que la organización indí­gena Aidesep ha expresado la urgencia de ver el caso de los Piaci, a fin de que se cumpla la intangibilidad de sus territorios, pues hay proyectos que los afectan. Se ha impulsado una ley que permití­a el ingreso al territorio de los Piaci, si hay proyectos de necesidad nacional para el Estado. En esa misma lí­nea sacaron otra para las áreas naturales protegidas, que son intangibles. El Congreso ha venido sosteniendo una norma con el argumento de que si hay recursos para el desarrollo nacional, entonces se hacen excepciones y se puede intervenir?, detalla.