Los jueces titulares Soledad Barrueto Guerrero, Gelner Morocho Núñez, Walker Steve Cuenca Quiróz y Elizabeth Azucena Suárez Vásquez, presentaron un escrito a fines del mes pasado ante la Fiscalía Suprema Especializada en lo Penal de Lima, en el que denunciaban a Gonzalo Zabarburú por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de las medidas sanitarias, atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y trabajo forzoso agravado.

El abogado del IDL afirma: “Los jueces se han visto en la necesidad de denunciar al cuestionado y controvertido Presidente de Corte debido a que los está obligando en acudir a laborar presencialmente desde el mes de junio y hasta la primera quincena de julio, contraviniendo las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (máximo órgano de gestión del Poder Judicial) que taxativamente regula que durante este tiempo se debe preferir el teletrabajo como se viene haciendo en las otras cortes del país”.

Los denunciantes piden que para retornar la trabajo presencial en sus despacho, junto al personal administrativo, el sistema de justicia de Amazonas les debe garantizar que los ambientes judiciales se encuentren debidamente desinfectados, que tanto los jueces como el personal administrativo deben pasar por una prueba molecular  -y no la rápida-  para verificar que no se encuentran contagiados de COVID-19 , y que todos los que retornen a sus labores presenciales cuenten con equipos de bioseguridad adecuados.

Según indican estos magistrados, Gonzalo Zabarburú  estaría solicitando al Órgano de Control de Lima para que investiguen y sancionen a la  magistrada Soledad Barrueto Guerrero porque “habría violado la cuarentena”, y les ha anexado una copia de un supuesto resultado de prueba rápida sin haber hecho ningún tipo de corroboración.

"Así estaría encontrando el camino perfecto para reemplazarlos por otros magistrados provisionales designados a dedo desde el interior de la Corte de Amazonas, como el caso del juez Édison Polo Huamán, a quien se le conoce en dicha localidad como el juez que más amparos y medidas cautelares cuestionados ha declarado fundados para casos cuyos procesos principales se ventilan en otros distritos judiciales, o favoreciendo a cuestionados magistrados como el fiscal provincial de Amazonas Alberto Vélez Urquía, sancionado con suspensión en el ejercicio del cargo por la Fiscalía Suprema de Control Interno, a quien mediante una medida cautelar en acción de amparo ha repuesto en el cargo y le ha permitido seguir administrando justicia en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jazán, en la provincia de Bongará, Amazonas", concluye Juan José Quispe .