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Las naciones Wampís y Achuar ejerciendo sus derechos en medio de la pandemia (I)

Foto Jacob Balzani-Loov Luis Chávez Rodríguez. Fundador y promotor de La casa del colibrí de Chirimoto, Amazonas “No quiero el petróleo, no quiero la contaminación. Quiero que mis hijos crezcan como yo misma he podido crecer, comiendo perdiz, comiendo pescado sano, sin vivir preocupadas de si vamos a morir por la contaminación como les ha pasado a los Achuar que viven en el río Corrientes.”

Las naciones Wampís y Achuar ejerciendo sus derechos en medio de la pandemia (I)



24/08/20 - 06:25

Foto Jacob Balzani-Loov
Luis Chávez Rodríguez. Fundador y promotor de La casa del colibrí de Chirimoto, Amazonas

“No quiero el petróleo, no quiero la contaminación. Quiero que mis hijos crezcan como yo misma he podido crecer, comiendo perdiz, comiendo pescado sano, sin vivir preocupadas de si vamos a morir por la contaminación como les ha pasado a los Achuar que viven en el río Corrientes.”

Mujer achuar de la cuenca del río Huasaga*

Mientras que en el mundo occidental los países hegemónicos aprovechan la situación de desesperación producida por la pandemia para posicionarse geopolíticamente, en este momento de emergencia sanitaria, imponiendo su desarrollo científico y podredumbre moral, a través del negocio de la esperada vacuna contra el covid-19, en el Perú las llamadas “Comunidades Nativas”, que en los hechos son propiamente pueblos precolombinos y naciones originarias ejercen sus derechos, defendiendo sus territorios, como única herramienta que les permite sobrevivir a las epidemias y a las invasiones -directas o indirectas- que propicia ese mundo expansivo y políticamente corrupto.

En las últimas semanas el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) han logrado expulsar de sus territorios a la petrolera chilena GeoPark por no cumplir con los estándares establecidos en su Estudio de Impacto Ambiental y otros procedimientos que la ley exige. Esta expulsión se realizó de modo pacífico e impecable, ajustándose únicamente a las leyes nacionales peruanas e internacionales que los respaldan.

La historia de este caso se inició el año 2013 cuando la empresa Petroperú, socia de GeoPark (75% GeoPark y 25% Petroperú), entró de modo ilegal al territorio ancestral de los Achuar y de los Wampís y tomó control de una extensión de 761,501 hectáreas en el Distrito de Morona, Provincia Datem del Marañón en la Región de Loreto. La incursión al “Lote” (Lote 64) como estas empresas y el mismo Estado peruano denominan, de modo frío y expeditivo, a las tierras que buscan intervenir y que para los nativos amazónicos resuena con las palabras devastación y muerte, se realizó con la prepotencia de siempre. Es decir, sin consultar a sus ocupantes como lo estipula la Ley N° 29785 de la Consulta Previa. Ley promulgada por el Gobierno Peruano en el 2011, y que proviene de una serie de disposiciones y acuerdos internacionales, cuyo primer antecedente fue el Convenio 157 (1957) de la OIT, que a su vez dio un salto cualitativo en el Convenio 169 (1991).

GeoPark, empresa invitada al festín por Petroperú, estuvo operando durante la pandemia y constituía no sólo un agente impune de expansión del coronavirus en las comunidades amazónicas de Loreto, hecho denunciado en su momento por el GTANW, fue también un factor doloso en el sentido de alterar la tranquilidad pública y comunitaria de los Achuar y Wampís, en momentos en que la emergencia de la pandemia imponía un manejo sanitario urgente y prioritario. La presencia de GeoPark, debido a los antecedentes que las diversas empresas petroleras que han operado en el área han dejado en su secuela contaminante con cadmio, yodo y mercurio, no podía dejar de significar una amenaza que se sumaba a la del nuevo virus que asolaba al mundo entero.

El recuerdo de los desastres que estas empresas provocaron está fresco y se renueva anualmente. La empresa norteamericana Occidental Petroleum, por ejemplo, o la holandesa Pluspetrol, la española Repsol, la canadiense Talisman Energy, antecesora de GeoPak, y Petroperú, así como el desastroso manejo del Oleoducto NorPeruano (ONP), construido en los años 70 del siglo pasado y que presenta inocultables muestras de corrosión, son parte de la historia de presencias amenazantes y letales para los amazónicos, como en otras épocas lo fue la explotación del caucho.

La historia del saqueo moderno de nuestra Amazonía peruana, en donde campea la pobreza entre los nativos del área, que es motivo de escándalo a nivel internacional en las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y prácticamente desconocida para la mayoría de peruanos, se produce por el encubrimiento que hacen las empresas implicadas a la vista y paciencia de nuestros gobiernos. A esto, se suma la desinformación provocada por la criminalización de los reclamos de los afectados, la falta de cobertura incisiva de los medios masivos de prensa y la complicidad de los comentaristas de temas políticos y económicos; quienes operan en estos medios, encargados de modo exclusivo, a la difusión de los supuestos beneficios de las actividades mineras como la única vía de desarrollo en un país tan diverso como el Perú.

La frecuencia y el daño de los derrames tóxicos que hasta la fecha sigue diezmando a la población nativa y al biodiverso ecosistema de la Amazonía quedan casi siempre impunes, sin que los gobiernos sudamericanos como el de Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y el nuestro asuman la responsabilidad que les toca como países independientes y soberanos. Aún así, cuando ya es imposible el encubrimiento, agencias del Estado como el caso del Organismo de Fiscalización y Control Ambiental (OEFA) en el Perú, se ven obligadas a reportar los derrames e incumplimientos de las empresas en el saneamiento y limpieza de estos desastres. Esta oficina ha reportado desde el año 2011 hasta junio del 2018 un total de 178 derrames de petróleo en el país, cuyo volumen estaría bordeando aproximadamente unos 34,000 barriles de hidrocarburos regados en los bosque y los ríos cercanos a los asentamientos humanos de nuestra Amazonía.

Específicamente en Loreto, en el año 2016 se registraron 12 fugas de hidrocarburos concentrados especialmente en los temidos Lote 8 y Lote 192. Así mismo, un problema constante es el transporte que hace el Oleoducto, conduciendo el crudo desde Loreto hasta Piura; desde donde se embarca al extranjero y cuyo canon se pierde entre la corrupción y la mala administración del gobierno, de tal modo que nunca llega a las comunidades nativas que, aún hoy y por cerca de 50 años, siguen esperando el agua potable o los puestos de salud medianamente equipados que les prometieron.

Uno de esos casos infames, comprobado también por el OEFA, es el consumado por Petroperú, compañía que contrató en el año 2018 a una “empresa de servicios” para realizar la limpieza de un derrame ocasionado en el 2016, en la inmediaciones de la comunidad wampís de Mayuriaga, como se ha dado a conocer en el informe El lote 64 un mundo de conflictos, 2019 escrito por Frederica Barclay y Alberto Chirif.  Lo que hizo este “service” fue realizar una limpieza superficial y enterrar 11,000 toneladas de desecho tóxico. En esa ocasión el OEFA multó a Petroperú con cerca de 50 millones de soles por este derrame y por otro ocurrido en el distrito de Imaza en Amazonas. Con estos antecedentes, la empresa petrolera peruana tuvo el descaro de hacer comunicados desinformativos con el objetivo estratégico de criminalizar a la  ciudadanía que reclamaba sus derechos.

La criminalización de la protesta, de acuerdo a antecedentes bastantes conocidos como el Baguazo, es parte de la construcción de “antecedentes” para ser usados en el contexto de intervenciones militares que tratan de imponer los contratos fraudulentos con las empresas extranjeras. Actividades bélicas que fácilmente se puede implementar desde bases militares del Ejército, como la “Sargento Puño”, ubicada a orillas de río Morona en territorio Wampís. Bases que, además de modo estratégico y a todas luces inconstitucional, son utilizadas para construir los centros de actividad de las mismas compañías petroleras, como lo hizo la chilena GeoPark. Toda una extraña situación, donde nuestro glorioso Ejército peruano se ve doblegado por el poder del capital debido a la permisiones inescrupulosas. “Desde hace 22 días, -dice en su primer punto el comunicado de Petroperú- los dirigentes de la comunidad de Mayuriaga, en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, Loreto, persisten en impedir la reparación del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano. Ello luego que el pasado sábado 15 de diciembre (2018) se acordara el ingreso de una delegación de la Presidencia del Consejo de Ministros y de PETROPERÚ para reparar el ducto.” En suma, esa es la situación y el pan de cada día que tienen que soportar, en nuestra propia patria, pueblos como los Wampís, los Achuar y casi todos los pueblos indígenas del Perú.

Pero, ¿quiénes son los Wampís y los Achuar? Lo sabemos pocos en nuestra misma región Amazonas o en Loreto, donde estos pueblos viven desde antes de la llegada de los primeros invasores incas. Lo saben en Holanda y en Chile, adonde fueron los dirigentes de estos peruanos, sin el apoyo de nuestro gobierno a presentar las pruebas contundentes del desastroso historial de contaminación y daño que están haciendo en las poblaciones y en estos territorios las empresas procedentes de estos países. Fueron, justo antes de la pandemia, a demandar a estas empresas que tienen sus sedes y tributan en estos países. Como seguramente lo harían si es que pudieran llegar a Estados Unidos, Canadá y a China, que más recientemente amenaza con imponerse  en estos territorios.

A los Wampís y los Achuar los conocen también las empresas extractivas peruanas de todo calibre, legales e ilegales, y también los conocen bien los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Los demás ministerios, como el de Cultura y Ambiente sólo tienen una idea panorámica, lo suficiente vaga como para taparse los ojos cuando suceden los derrames de petróleo y apresurarse a acusar a los pobladores del área por supuestos sabotajes, como parte de sus estrategias invasivas. Los Wampís y los Achuar, son conocidos también por los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, como los mismos presidentes, ministros y ministras que nos han gobernado en las últimas décadas, pero a ellos no les interesa profundizar en su conocimiento porque al sistema económico y administrativo que manejan, al antojo de los capitales nacionales y extranjeros, no les conviene.  


* Tomado del Informe Barclay-Chirif, citado en este artículo

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