Nuestro Estado Republicano, aparecido con la Independencia, se construyó teniendo como pilares estructurales y funcionales, las viejas manías de la Colonia y el Virreinato. Después de 200 años de República, el Estado sigue siendo el mismo, dominado por aquellos que nos gobiernan y tienen el poder, y cuyo “rasgo republicano” ha sido: la corrupción, las traiciones y los privilegios.

La ética en el Perú, podemos decir que es un “Sueño Bicentenario” no alcanzado, menos consolidado; porque la ética de manera intrínseca, es dar valor a la vida misma, que permite u orienta para dar solución a los conflictos, sirve como un “puente” para diversas posturas contrarias dentro de un grupo o sociedad, que de por sí, las diferencias propias, generan diferentes formas o cosmovisiones de entender el ambiente o las personas que te rodean. 

La teoría nos dice que la ética, en las instituciones públicas, debería brindar diversas herramientas a través de códigos y principios que conlleven a reflexionar sobre la igualdad, los valores, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, etc, en la interacción entre personas. Lamentablemente la realidad nos muestra otra cosa. En la función pública, la corrupción, las traiciones y los privilegios, son el “pan de cada día”; la ética se activa cuando ocurren procesos de desintegración del Estado por acción u omisión intencional de los funcionarios y/o servidores públicos, quienes haciendo mal uso de sus atribuciones buscan algún tipo de provecho o beneficio personal o particular, en perjuicio del bien común. ¡Luego, todo se olvida o queda en la línea histórica del archivo de la memoria estatal!

En el Perú, todavía no hemos logrado que la ética sea una herramienta para hacer una lucha frontal contra la corrupción, los privilegios y el mal accionar de las autoridades y/o funcionarios. Sigue nuestro Estado construido en base a instituciones débiles, y una de esas variables que fomentan esa debilidad, es justamente el hecho que los principios éticos que deben de cumplirse y practicarse, solo se han quedado en las “tintas enunciativas” de las instituciones, en el PROPIO DISCURSO.

Cada día, dentro de nuestros entornos laborales públicos vemos esta realidad. La corrupción, los privilegios y el accionar nada racional de las autoridades y funcionarios, hacen de las instituciones, espacios de conflictos y redes de corruptelas, que al final, lo que logran es una pésima calidad en el servicio público y, por ende, debilitamiento y deslegitimaciones, que carcome las bases de las instituciones estatales. No hemos logrado como Estado, hacer de la ética, una herramienta que permita mejorar el servicio público a los ciudadanos.

La corrupción, las traiciones y privilegios, siempre han sido los males generacionales en la historia de nuestro país, y el nuevo Estado Republicano, no fue la excepción, porque nació débil, sin una organización fuerte, con una herencia administrativa de la época virreinal, dónde los títulos nobiliarios y la corrupción, marcaron la gestión de la época pre independentista; por tanto, la nueva sociedad peruana se relacionó con un Estado Republicano inicial cuyo principal rasgo eran estos males en su máxima operatividad, configurada como parte de la “cultura” y “costumbre” heredada del virreinato. Hoy no es la excepción, estas taras siguen enquistadas en la cultura laboral del sector público, con rarísimas excepciones que vale la pena destacar.

¿QUE NOS TOCA AHORA?, reforzar dos propuestas indispensables: 

PRIMERO, una reforma seria del sector público a nivel de los componentes de estructura, tecnología y personas que forman parte intrínseca del actual sistema administrativo de las instituciones públicas. En estos componentes se interrelacionan entre sí, se observan diversas debilidades y limitaciones haciendo de las instituciones públicas, entes pasivos, sin una visión de intervención viable, aceptable y sostenible en beneficio de una administración eficaz y eficiente para los ciudadanos, que caen muy fácil a las garras de la corrupción.

SEGUNDO, es necesario empoderar y fortalecer la vigilancia ciudadana permanente que implique la activa participación de personas civiles transparentes y honestas, en los diversos aspectos y procesos de compras que realiza el Estado a través de sus instituciones públicas o el gobierno nacional, regional o locales. La verdadera y activa participación ciudadana, permitirá, por ejemplo, transparentar las diversas compras que realiza el Estado, para ello se tiene que fomentar espacios de concertación entre las organizaciones ciudadanas y las instituciones que luchan contra la corrupción. Es de suma necesidad empoderar entre los ciudadanos la Ley N° 26300 y sus modificatorias (Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos) para justamente fortalecer la vigilancia y participación ciudadana dentro de los espacios públicos.