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La pérdida de una parte del expediente judicial sobre el derrame de Chiriaco (2016) indigna a los afectados

La demanda de amparo interpuesta en 2017 sigue sin sentencia y las comunidades denunciantes siguen reclamando atención sanitaria a través de especialistas para conocer con certeza qué afectaciones y de qué magnitud tienen quienes agarraron petróleo sin medidas de protección y, desde ahí, puedan recibir el tratamiento correspondiente. En una última reunión el compromiso de la DIRESA es tomar muestras entre el 12 y 15 de octubre.

La pérdida de una parte del expediente judicial sobre el derrame de Chiriaco (2016) indigna a los afectados



14/09/21 - 06:32

La demanda de amparo interpuesta en 2017 sigue sin sentencia y las comunidades denunciantes siguen reclamando atención sanitaria a través de especialistas para conocer con certeza qué afectaciones y de qué magnitud tienen quienes agarraron petróleo sin medidas de protección y, desde ahí, puedan recibir el tratamiento correspondiente. En una última reunión el compromiso de la DIRESA es tomar muestras entre el 12 y 15 de octubre.

Parte del petróleo derramado en Chiriaco, región Amazonas, en la selva norte de Perú. Foto: Barbara Fraser

Más de cinco años han pasado desde que decenas de personas, la mayoría niños y jóvenes menores de edad, expusieran su salud recogiendo, con sus propias manos y sin protección, el crudo derramado en el río Chiriaco aquel 25 de enero de 2016. Lo hicieron a cambio de unas monedas. Nunca antes había pasado un suceso de tal envergadura en la zona y, aseguran, desconocían las consecuencias.

Un año después, ya en 2017, cuatro de las comunidades afectadas, Nazareth, Wachapea, Pakun y Umukai, decidieron interponer una demanda de acción de amparo ante el Juzgado Civil de Bagua para que, desde el punto de vista sanitario, se atendiese convenientemente a la población que había estado en contacto con el crudo y comenzaba a presentar diferentes afectaciones y sintomatologías en su salud. Ante la demora del proceso, y a pedido de las comunidades, el Juez a cargo del caso dictaminó una medida cautelar con el objetivo de que, a la brevedad, el Ministerio de Salud identificase y diese tratamiento a los afectados por la contaminación que supuso aquel derrame.

Este es solo el inicio de la historia, pues a más de cinco años del derrame las comunidades solamente han recibido una campaña de atención a su salud que, además, fue insuficiente y no contó con la presencia de especialistas. Fue a principios de agosto del año 2019. Es decir, todavía no se identifica ni se da tratamiento a quienes, realmente, resultaron afectados por el contacto del crudo.

¿Y ahora? Los dos últimos episodios de un relato, donde la paciencia es la protagonista, se han sucedido en las últimas semanas. El primero: en el mes de agosto, el Juez a cargo de este proceso da cuenta de que, extrañamente, el Tomo I del expediente judicial de la demanda de acción de amparo presentada en 2017 se ha extraviado de su despacho. El segundo: el viernes 3 de septiembre se desarrolló en Bagua una extensa reunión entre una decena de representantes de las comunidades y otros tantos miembros de las redes de la DIRESA Amazonas y la Red de Salud de Bagua.

“Queremos datos exactos”
Los apus presentes en la reunión aseguraban, tras su conclusión, estar satisfechos con los compromisos alcanzados con la DIRESA Amazonas, y afirmaban que la población, mucho más consciente de sus derechos luego de todo lo ocurrido, estará vigilante. El representante de la zona y vocero de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas, Eusebio Cuñachi, recordaba que “todavía no sabemos qué tienen los niños que agarraron el petróleo, muchos hoy ya son jóvenes y siguen sin recibir atención ni tratamiento. Ahora hemos pactado atención para octubre y, sí o sí, tienen que cumplir”. Explicaba que, al contrario de la campaña de 2019, esta vez la atención no será generalizada, sino que se priorizará a los niños que recogieron el petróleo con sus manos. Para ello cada comunidad cuenta con un padrón que se hará respetar. “En mi comunidad de Umukay tenemos 43 niños y jóvenes”, explicaba.

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Durante la reunión de los representantes indígenas con la DIRESA Amazonas se llegaron a acuerdos. Foto: cedida

Que el organismo de esos jóvenes cuenta con altos índices de contaminación fue evidenciado por un estudio piloto hace varios años donde se realizó un análisis y se envió 24 muestras a un laboratorio de Canadá. “La DIRESA debe analizar a todos, existe un registro de más de 200 jóvenes entre las cuatro comunidades”, afirma Cuñachi. Esa es la principal reivindicación y no pararán hasta tener datos exactos.

También pide exactitud e información real Óscar Shimpukat, apu de Umukai. “Todos estamos preocupados por saber exactamente qué sucedió y qué va a pasar. Es algo incierto. Queremos resultados exactos para decir que esto pasó y así estamos, y prevenir y tomar acciones”, comentaba tras la reunión. Georgina Rivera, comunera de Nazareth, verbaliza también su incomodidad: “Ante el abandono nosotras mismas, como madres, nos hemos puesto en acción. Tras el derrame vimos que el pescado ya no valía, que estaba contaminado, y empezamos a trabajar piscicultura. Cada seis meses vendemos nuestro pescado, cuando se cosecha. Como presidenta de piscicultura represento a 120 beneficiarias”. Y es que no solo la salud está en juego, sino también la alimentación como componente básico para un buen estado de la población.

“¿Cómo va a desaparecer? No se puede permitir”
Preocupación, descontento y disconformidad. Así se muestran los apus y lideresas de las comunidades, así como toda la población, tras conocer la “pérdida” o “desaparición” del Tomo I del expediente del proceso de demanda de amparo. “Piden que se investigue, que haya respuestas”, comenta el abogado del CAAAP Segundo Herrera, en representación de las comunidades, “en estos años han pasado varios secretarios judiciales conociendo el proceso. El Juez ya ha puesto en conocimiento de la ODECMA de Chachapoyas para que se evalúe y se investigue la conducta de los secretarios a cargo del expediente, pero esto excluye su responsabilidad porque el expediente estaba a cargo del Juez”. Para tratar ahora de recomponer el expediente, y tras recibir una solicitud desde el Juzgado, Herrera ya ha remitido al Juzgado copia de cuantos documentos para que el proceso pueda continuar. También se pide celeridad ante tanta demora.

Por su parte, los apus opinan: “Ellos son los responsables directos. En ningún momento ese documento que nosotros remitimos se puede perder (…) Ahora estamos pidiendo a las autoridades que aparezca ese documento, sin ese recurso nosotros no podemos continuar fácilmente. Queremos exigir que aparezca para poder llevar el proceso en regla”, afirma Shimpukat. “Esto nos ha sentado muy mal. La comunidad está indignada. Este tema no puede quedar ahí”, agrega Cuñachi.

Lo que tienen claro es que, en este difícil camino, nadie piensa en rendirse. “Vamos a continuar luchando hasta lograr el pedido que hemos hecho”, asegura el apu Jorge Tiwi. Claro y directo, Óscar Shimpukat confirma el sentir general: “Es muy lamentable esta situación, nos sentimos abandonados por el Estado y sus instituciones. Eso no debe permitirse. Nosotros vamos a llegar hasta donde debamos hacerlo. Los responsables tendrán que responder. ¿Por qué se tiene que perder un documento que nos avala? Algo se está tramando. Esto no se puede permitir”.

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