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Defensoría del Pueblo exige al Minedu dejar sin efecto documento que afecta gravemente el derecho a la educación intercultural bilingüe

El sector emitió pedido a gobiernos regionales contraviniendo normas constitucionales y legales, en perjuicio de estudiantes indígenas. La Defensoría del Pueblo reiteró su pedido al Ministerio de Educación (Minedu) de asegurar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación intercultural bilingüe (EIB) de las/os estudiantes indígenas para el presente año escolar 2022

Defensoría del Pueblo exige al Minedu dejar sin efecto documento que afecta gravemente el derecho a la educación intercultural bilingüe



11/01/22 - 05:41

El sector emitió pedido a gobiernos regionales contraviniendo normas constitucionales y legales, en perjuicio de estudiantes indígenas.

La Defensoría del Pueblo reiteró su pedido al Ministerio de Educación (Minedu) de asegurar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación intercultural bilingüe (EIB) de las/os estudiantes indígenas para el presente año escolar 2022, debiendo asegurar una correcta implementación del Modelo del Servicio Educativo EIB, aprobado por el propio sector.

Esta solicitud se realizó tras conocer que la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Minedu requirió mediante un oficio a las direcciones y gerencias regionales de educación de todo el país que envíen un listado de las instituciones educativas de sus jurisdicciones para que sean exceptuadas de la aplicación de servicio EIB, a fin de facilitar la contratación de docentes monolingües.

Para la institución está disposición contraviene el ordenamiento jurídico vigente y afecta de manera directa el derecho a la educación intercultural bilingüe de más de 1 millón de estudiantes indígenas a nivel nacional, así como el derecho a la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, ambos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Constitución Política del Perú. Asimismo, impide la adecuada implementación del Modelo del Servicio Educativo EIB y supone una afectación al Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el servicio de EIB, en tanto se estaría dejando sin efecto esta caracterización de este tipo de instituciones educativas.

Además, la aplicación del pedido realizado por el Minedu permitiría la adjudicación de plazas a docentes no idóneos en instituciones educativas que, a pesar de contar con estudiantes indígenas, las direcciones o gerencias regionales de educación o las UGEL consideren exceptuarlas de brindar el servicio educativo EIB. En tal sentido, el requerimiento realizado mediante el Oficio Múltiple 00002-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, vacía de contenido la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe, la misma que fue aprobada por Decreto Supremo n.º 006-2016-MINEDU.

Sobre el particular, Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que “en supervisiones efectuadas a lo largo de estos años, advertimos importantes avances en la política de EIB, como la creación de un modelo de servicio educativo específico y el registro de instituciones educativas EIB, por lo que  debe evitarse toda medida que implique un retroceso en dicha política, debiendo, por el contrario, adoptarse acciones que maximicen su correcta implementación”.

En ese sentido la funcionaria solicitó mediante comunicación oficial al Ministerio de educación dejar sin efecto el pedido efectuado a las Direcciones/Gerencias Regionales de Educación respecto del listado de IIEE de sus jurisdicciones que serán exceptuadas de la aplicación del modelo de servicio EIB, por contravenir con el marco constitucional y legal vigente. Asimismo, indicó que se ha solicitado a la Contraloría General de la República para que realice las investigaciones que hubiese lugar conforme a Ley.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera que el Minedu debe establecer estrategias pertinentes, con el debido presupuesto público, para garantizar la formación inicial o la profesionalización de docentes no idóneos para las instituciones educativas EIB, con la finalidad de reducir dicha brecha docente, y abstenerse de tomar decisiones que afecten el derecho a una educación de calidad y con pertinencia cultural y lingüística.

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