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El Cenepa: nuevo enclave de la minería ilegal

El Foco El distrito de El Cenepa, en la región Amazonas, se ha convertido en zona liberada. Los 38 kilómetros del río del mismo nombre, que recorre todo el distrito, han sido invadidos por embarcaciones de mineros ilegales que día y noche buscan oro. Desde junio de este año la provincia de Condorcanqui, que alberga a El Cenepa, está en estado de emergencia, pero ni eso detiene el desgobierno. A lo largo del río Cenepa hay asentadas 29 comunidades nativas awajún que conforman la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc).

El Cenepa: nuevo enclave de la minería ilegal



24/11/22 - 04:15

El Foco

El distrito de El Cenepa, en la región Amazonas, se ha convertido en zona liberada. Los 38 kilómetros del río del mismo nombre, que recorre todo el distrito, han sido invadidos por embarcaciones de mineros ilegales que día y noche buscan oro. Desde junio de este año la provincia de Condorcanqui, que alberga a El Cenepa, está en estado de emergencia, pero ni eso detiene el desgobierno. A lo largo del río Cenepa hay asentadas 29 comunidades nativas awajún que conforman la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Según Hortez Baitug, presidente de la Odecofroc, hay alrededor de 60 dragas, nombre de las embarcaciones que usan los mineros ilegales para extraer el oro, que actualmente operan en el río. Las dragas están compuestas por dos canoas sobre las cuales los mineros ilegales han instalado motores de succión, mangueras, equipos de buceo, compresoras y un cobertor. El objetivo es succionar los bancos de arena y sedimentos del fondo del río para extraer el oro. Pese al reducido espacio que hay en las dragas, los mineros comen y duermen sobre ellas. Desde el 2010 está prohibido el uso de dragas debido a que contaminan las aguas con mercurio y cambian el curso de los ríos. Hortez Baitug recuerda que fue en el 2018 cuando llegaron los primeros mineros ilegales a El Cenepa. “Eran mestizos”, señala Baitug. Es decir, eran ciudadanos que provenían de Huánuco, Cajamarca y San Martín.



Las dragas son embarcaciones construidas para succionar el suelo de los ríos y extraer oro. Desde el 2010, está prohibido su uso para cualquier tipo de actividad minera.

Hace cuatro años, pocas personas se dedicaban a extraer el oro de las aguas del río Cenepa. No tenían muchas herramientas y en su mayoría usaban bateas de madera y utensilios de metal para “lavar el oro”. Todo cambió con el inicio de la pandemia. Los niveles de pobreza se agudizaron en Amazonas y muchos vieron en el oro una posibilidad para ganar dinero. A inicios de 2022, la Odecofroc ya había identificado la presencia de 20 dragas dispersadas en la cuenca del Cenepa. Para finales de junio, el número se incrementó a 30.En septiembre, cuando EL FOCO visitó la zona, ya se contaban 60 dragas operando. Una de las principales razones del crecimiento es que los mineros ilegales cuentan con el apoyo de algunos Apus y dirigentes de cuatro comunidades del Cenepa, según indica Zebelio Kayap, expresidente de la Odecofroc y docente en la zona. “Es complicado sacar a los mineros ilegales del territorio. Los mismos Apus de las comunidades tienen vínculo directo con ellos, coordinan y les permiten colocar las dragas en el río. El tema es que los mineros le han dado trabajo a las familias que viven cerca”, señala Kayap.



Álvaro Curcantosh, director del colegio Daniel Chamikit Juwau, señala que 6 de sus alumnas han dejado de asistir a clases para irse a vivir con los mineros ilegales.

Las dragas que llegaron por decenas al Cenepa trajeron también oportunidades de trabajo para quienes viven en las orillas del río. Cada draga necesita un equipo de trabajo de ocho personas: un supervisor, dos encargados de manejar la manguera que succiona el suelo del río, tres personas que filtran el oro con mercurio y dos mujeres encargadas de preparar las comidas para toda la embarcación. Cada grupo trabaja por turnos de 24 horas. El pago ronda los S/ 300 diarios a cada integrante de la embarcación, según información recogida por EL FOCO. Los mineros se comprometen a entregar el 15 % de sus ganancias mensuales para la comunidad a cambio de que les permitan trabajar en su territorio. Los Apus con los que conversó esta publicación aseguran que este dinero es invertido en construir infraestructura que la comunidad necesita: colegios, casas comunales y postas. “El gran problema es el ausentismo del Estado. Entonces los mineros aprovechan esas necesidades para negociar con los Apus. No hay nadie aquí que controle, ellos son los que disponen y arreglan todo”, afirma Kayap. Casi todos los ciudadanos que viven en la Cuenca del Cenepa saben que los mineros ilegales transportan el oro a Oracusa, un puerto en el río Marañón, que se encuentra en la ruta a Bagua. Ahí venden el gramo de oro a S/ 210. En cada “alce”, es decir, en cada extracción que realizan desde las dragas, se puede llegar a sacar hasta 200 gramos de oro.



Según el registro de la Odecofroc, hay alrededor de 60 dragas que operan en los 38 kilómetros del río Cenepa. En esta vista aérea pueden observarse tres de estas embarcaciones.

Cómplices y víctimas
Tutino es una de las 29 comunidades nativas awajún que integran la Odecofroc. Con menos de 300 habitantes, es también uno de los caseríos que trabaja en conjunto con los mineros ilegales. Para llegar a esta comunidad hay que navegar cuatro horas por río desde el cruce de los ríos Marañón y Cenepa, en el límite de la región Amazonas con Loreto. Al igual que el resto de las comunidades awajún, Tutino vive en medio de un abandono histórico del Estado. La población habita en situación de pobreza, sin servicios públicos de luz ni agua potable. El único centro de salud se encuentra constantemente desabastecido, lo que impide, por ejemplo, que los 12 pacientes con VIH puedan seguir un tratamiento adecuado. Más del 80% de los habitantes de Tutino tiene problemas con el consumo de drogas y alcohol, según las cifras que se manejan en la posta médica. A mediados del 2020, Fedencio Sakai, Apu de la comunidad de Tutino, estableció un acuerdo con los mineros ilegales para recibir el 15% de las ganancias, a cambio de permitirles trabajar sin problemas en la parte del río Cenepa a la que tiene salida Tutino, contaron a EL FOCO los habitantes de la zona. El objetivo, como el de las otras comunidades del Cenepa, es que el dinero recaudado se invierta en construir las edificaciones que el Estado ha dejado inconclusas. Así se en Tutino se construyó la casa comunal, se levantó uno de los pabellones del único colegio y se compraron una impresora y un proyector para las clases.



En Tutino, el único colegio de la zona no cuenta con las infraestructuras necesarias para que los estudiantes desarrollen sus actividades. Por ello, el director aceptó el trato de los mineros ilegales para obtener un porcentaje de las ganancias. Serán invertidas en construir la loza deportiva y comprar los implementos necesarios para las clases.

Álvaro Curcantosh, de 24 años, es el director de la institución educativa Daniel Chamikit Juwau de Tutino, y tiene a su cargo a 9 docentes y 145 alumnos matriculados. “Si nos van a apoyar (económicamente), así no me guste tengo que aceptar”, cuenta. Pese a ello, también denuncia que la minería ilegal ha traído consigo una serie de problemas para los escolares. Curcantosh tiene registro de que seis alumnas suyas han dejado el colegio para trabajar en las dragas como cocineras y por las noches se dedican al trabajo sexual. “Las muchachas están con los mineros en las noches, y les pagan entre S/ 100 a S/ 200. Así también convencen a sus padres de dejarlas estar con ellos”, cuenta Curcantosh. En Tutino, los ciudadanos conocen los rostros de los dueños de las dragas, pero nadie sabe su identidad real. “No se identifican, se llaman por apodos. Solo sabemos que no son de la zona”, señala Curcantosh. Algunos apodos conocidos son “Messi”, “Panetón” o “Gringo”. Ninguno es de las comunidades awajún del Cenepa. Aterio Moyano es el técnico en enfermería encargado de la posta de Tutino, Señala que en el último año incrementó la cifra de escolares que consumen algún tipo de droga. La más común, cuenta Moyano, es el “Tubocol”, un pegamento parecido al Terokal.



Zebelio Kayap, expresidente de la Odecofroc y docente de la zona: afirma que los mineros ilegales acuerdan entregarle el 15% de sus ganancias a los Apus de las comunidades para que los dejen trabajar sin problemas.

Un Estado ausente
Tutino es una de las 29 comunidades nativas awajún que integran la Odecofroc. Con menos de 300 habitantes, es también uno de los caseríos que trabaja en conjunto con los mineros ilegales. Para llegar a esta comunidad hay que navegar cuatro horas por río desde el cruce de los ríos Marañón y Cenepa, en el límite de la región Amazonas con Loreto. Al igual que el resto de las comunidades awajún, Tutino vive en medio de un abandono histórico del Estado. La población habita en situación de pobreza, sin servicios públicos de luz ni agua potable. El único centro de salud se encuentra constantemente desabastecido, lo que impide, por ejemplo, que los 12 pacientes con VIH puedan seguir un tratamiento adecuado. Más del 80% de los habitantes de Tutino tiene problemas con el consumo de drogas y alcohol, según las cifras que se manejan en la posta médica. A mediados del 2020, Fedencio Sakai, Apu de la comunidad de Tutino, estableció un acuerdo con los mineros ilegales para recibir el 15% de las ganancias, a cambio de permitirles trabajar sin problemas en la parte del río Cenepa a la que tiene salida Tutino, contaron a EL FOCO los habitantes de la zona. El objetivo, como el de las otras comunidades del Cenepa, es que el dinero recaudado se invierta en construir las edificaciones que el Estado ha dejado inconclusas. Así se en Tutino se construyó la casa comunal, se levantó uno de los pabellones del único colegio y se compraron una impresora y un proyector para las clases.



Aterio Moyano, encargado de la posta médica de Tutino: "Se ha incrementado el número de estudiantes que consumen drogas".

Desde inicios de 2022 se han realizado cinco interdicciones en el río Cenepa. Cada uno de estos operativos, organizados por las Fuerzas Armadas y la PNP, moviliza entre 20 a 25 efectivos. Producto de las interdicciones se han eliminado 15 dragas. La PNP llevó a cabo la última interdicción en septiembre último. Como resultado, se quemaron 4 dragas. A diferencia de otras oportunidades, esta vez la violencia escaló al punto de producirse enfrentamientos con armas entre los habitantes de las comunidades que están en contra de los mineros ilegales y trabajadores de las embarcaciones mineras. “La cantidad de dinero que se mueve por la minería ilegal es impresionante. Las interdicciones se realizan con el objetivo de atacar el motor económico que les permite financiar estas actividades ilegales, pero destruir una o dos genera un perjuicio mínimo. Con el dinero que generan fácilmente pueden construir nuevas dragas. Las interdicciones no han sido eficientes”, señala Rubén Ninahuanca, abogado de la ONG Paz y Esperanza. Mientras que el Ministerio del Interior intenta erradicar sin éxito las dragas en el Cenepa, los mineros ilegales han amenazado de muerte a los dirigentes awajún de la Odecofroc. A finales de octubre, la organización denunció que las instalaciones de su local ubicado en la comunidad de Mamayaque habían sido quemadas y saqueadas. Los asaltantes también se robaron los aparatos electrónicos y bienes que guardaban en este espacio.



Hortez Baitug, presidente de la Odecofroc, vive bajo constantes amenazas de muerte. Tiene activado el mecanismo de alerta temprana, pero no es suficiente. "El papel no detiene las balas", señala.

Los dirigentes awajún Hortez Baitug, Augostina Mayan y Zebelio Kayap cuentan con la activación del procedimiento de alerta temprana entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este protocolo establece una serie de medidas para la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a agresiones, amenazas y situaciones de riesgo. “Contamos con el mecanismo de alerta temprana activado, pero aquí nadie nos protege, estamos solos. Nosotros exponemos nuestra vida todos los días al luchar en contra de la minería ilegal. ¿Quién vela por nuestros derechos? El papel no va a detener las balas”, dice Hortex Baitug. En mayo de este año, la PCM creó una mesa de trabajo llamada “Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Condorcanqui del departamento de Amazonas”. El objetivo era “plantear soluciones para una adecuada atención de las principales demandas de la población, así como revisar la priorización de la inversión pública que posibilite el cierre de brechas sociales”. A la inauguración asistieron representantes de 18 ministerios, entre los cuales estaban Ambiente, Desarrollo Agrario, Salud, Interior y Defensa. También asistieron autoridades del gobierno local de Condorcanqui y representantes de las comunidades amazónicas, entre las que estaba la Odecofroc. Sin embargo, luego de esa primera reunión, cuenta no volvieron a tener una nueva comunicación.

El Foco

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