“En el 2022 hemos identificado a más de 8730 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad, eso es 1000 más que lo detectado en el 2021. De esos 8730, hay 3000 que pertenecen a entidades del Gobierno Nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, señaló en entrevista con medios de comunicación.

Shack Yalta enfatizó que estos funcionarios y servidores que cometen irregularidades opacan la buena labor que realizan miles de colaboradores del sector público, y eso evita que se beneficie a los ciudadanos que esperan acceder a obras y servicios públicos de calidad y de manera oportuna.

Como parte del balance del control gubernamental correspondiente al 2022, indicó que en total hay 6219 directivos con presunta responsabilidad en hechos irregulares, 2494 profesionales, 219 técnicos y 134 titulares de entidades públicas.

El año anterior, la Contraloría General de la República emitió un total de 42 734 informes de control, de los cuales 15 012 corresponden al control posterior, que incluye a 1926 auditorías de cumplimiento y servicios de control específico donde se determinaron 2167 observaciones y se plantearon 4910 recomendaciones a las entidades involucradas para revertir las irregularidades detectadas.

Las 1926 auditorías y servicios de control específico realizadas a las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local permitieron examinar intervenciones públicas con un presupuesto de S/ 19 165 millones, de las cuales la ejecución de S/ 5735 millones fue observada por los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico contra el Estado por la suma de S/ 1134 millones.

A nivel de sectores de intervención, el mayor monto observado corresponde a Transportes con S/ 1204 millones (perjuicio de S/ 276 millones), seguido de Educación con S/ 1027 millones (perjuicio de S/ 81 millones), Salud con S/ 876 millones (perjuicio de S/ 124 millones), Saneamiento con S/ 556 millones (perjuicio de S/ 143.9 millones), Ambiente con S/ 88 millones (perjuicio de S/ 26 millones), Comunicaciones con S/ 11 millones (perjuicio de S/ 8 millones) y el resto de sectores con S/ 1973 millones (perjuicio de S/ 476 millones).

Adicionalmente a los servicios de control posterior, la Contraloría General de la República también realizó 27 587 servicios de control simultáneo durante el año pasado. Como resultado de este tipo de control gubernamental, que consiste en realizar un acompañamiento a la ejecución de las intervenciones públicas, de detectaron 42 563 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan.

Sin embargo, el contralor Shack lamentó que las alertas hechas por la Contraloría no hayan tenido eco en los gestores públicos, ya que 17 379 situaciones adversas (41%) no han sido corregidas y en 13 551 (32%) no se adoptaron acciones para corregirlas. Solo 11 032 situaciones adversas fueron resueltas o están en proceso de hacerlo.

Asimismo, resaltó que, entre las situaciones adversas sin acciones, la mayor parte corresponden a entidades de los Gobiernos Locales con 75% (10 119), y la misma figura ocurre con las situaciones adversas no corregidas, aunque el porcentaje llega a 79% (13 643).

Shack Yalta adelantó que para el año 2023, el máximo ente del Sistema Nacional de Control tiene programado realizar 40 022 servicios de control, de los cuales 27 426 corresponden al control simultáneo, 12 441 a control posterior y 121 informes de control previo.

En dicha programación figuran cinco grandes megaoperativos a nivel nacional y entre los cuales figura la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.

Asimismo, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional. Finalmente, también se realizará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.