CHICLAYO. La corrupción sigue ganando terreno a nivel de las instituciones operadoras de justicia y muestra de ello es lo que viene ocurriendo en el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, donde muchos de sus representantes, en diversos distritos fiscales-judiciales, como los de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, se han visto involucrados en graves hechos de repercusión nacional.

En el 2021, un equipo de LA VERDAD se desplazó hasta la ciudad de Chachapoyas, región Amazonas, para indagar sobre las presuntas irregularidades en las que se había visto envuelto el juez Edinson Polo Huamán -expectorado luego por la Junta Nacional de Justicia – JNJ-, quien en evidente contubernio con ciertos fiscales habría resultado implicado en el intento de conceder medidas cautelares que iban a perjudicar a instituciones como la Universidad de Chiclayo y la azucarera Pomalca; situación que inclusive llegó a ser denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Un año después, a la luz de lo publicado en un extenso reportaje periodístico por este medio de comunicación, titulado: “Amazonas, el “paraíso” de las medidas cautelares que afectan a Lambayeque”, se conocería que la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos investigaba a toda una presunta red de corrupción integrada por jueces y fiscales, entre los cuales se incluía al entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, Gilder Zapana Mayta; así como al fiscal Tomás Franklin Idrogo Díaz. Este último, nada más y nada menos que cuñado del exfiscal chiclayano y exministro Juan Manuel Carrasco Millones.

Y es que mientras se aguarda el resultado de estas investigaciones, llegado agosto del 2024, la situación en la región Amazonas, pareciera ha empeorado, dado a que nuevos hechos involucrarían a más fiscales (entre ellos el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores, Gilder Zapana), abogados y hasta un efectivo policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología – DIVIAC, quien ha terminado amenazando de muerte a un fiscal chiclayano en cuyas manos está una compleja investigación contra los integrantes de la banda criminal denominada “Los Muelas de Bagua Grande”, implicados en la comisión de los delitos de extorsiones, tráfico ilícito de drogas, robos de vehículos, tráfico de influencias. Aparentemente, toda una red de “Cuellos Blancos” protegiendo a delincuentes.

Según la información a la que accedió LA VERDAD, que desde julio del 2023 obra en poder de la Junta Nacional de Justicia (Investigación Preliminar N° 031-2023-JNJ), sin resultados a la fecha, se advierte la existencia de una red de fiscales que buscarían darle protección a más de un investigado por diversos delitos, a cambio de la entrega de dinero, canalizada a través de diversos abogados. Tales revelaciones, inclusive, están contenidas en el Informe Policial N° 032-2023-XI MACREPOL-SAM/REGPOL-AMA/DIVOPUS-AMA/COM SEC PNP-UTC.

Esta lista de fiscales, abogados y hasta policías, inmersos en presuntos actos ilícitos, se logró conocer a razón de la investigación que contra “Los Muelas de Bagua Grande” (carpeta fiscal N° 43-2023) realizaba el fiscal Tulio César Hoyos Monsalve, quien obtuvo escuchas telefónicas que evidenciaban que todos ellos estaban al servicio de los integrantes de dicha banda criminal y literalmente vendían la función fiscal o policial a cambio de determinada cantidad de dinero.

Los fiscales involucrados, según las investigaciones, en una serie de presuntos hechos irregulares y trasgresión a los deberes funcionales son Moisés Rodrigo Albañil Timaná, Wilmer Augusto Guevara Reyes, Augusto Cabanillas Cancino, Max Antonio Gutiérrez Rivasplata y Víctor Manuel Gonzáles Olivos. Todos ellos laboran en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Utcubamba – Bagua Grande -distrito fiscal de Amazonas.

En esta situación también se verían envueltos el fiscal superior Gilder Zapana, así como los abogados José Feliciano Novoa Vásquez (exfiscal superior), Imelton Mendoza Ramos, Hendryz Sánchez Mera, entre otros. Se advierte que, respecto a estos tres personajes, se habrían coludido con el investigado Luis Jesús Díaz Alvarado – presunto miembro de la banda criminal – para evitar que el fiscal Tulio César Hoyos Monsalve logre concluir la investigación en su contra, llegando inclusive a fabricarle una denuncia (con hechos falsos) y lograr que sea retirado del caso para colocar – posiblemente – a otro fiscal y éste se encargue de dañar el éxito de la investigación donde salieron las escuchas telefónicas.

Según el citado informe policial, basado en las escuchas telefónicas legales se alude a fiscales como Wilmer Guevara Reyes realizando el cobro de 1000 soles para no solicitar prisión preventiva contra los detenidos como Luis Alberto Tapia y Segundo Javier Aguilar Cieza. Este magistrado, según la información, omitió dolosamente presentar los antecedentes penales de los detenidos para justificar que no pedía prisión. Ello se lograría con la participación del exfiscal superior José Novoa Vásquez, quien patrocinaba a los detenidos.

Más grave aún, en las escuchas telefónicas legales se detectó que este mismo fiscal recibió otros 1000 soles para darle libertad al detenido alias “Espartaco”, implicado en el caso “Los Pioneros” y de amplio prontuario policial.

Otro hecho advertido en las investigaciones fue la participación del fiscal Augusto Cabanillas Cancino, quien aparece favoreciendo a Luis Jesús Díaz Alvarado, investigado por tráfico ilícito de drogas. Para tal fin, con el aval de un policía, sostuvo una reunión extraoficial con el investigados par buscar la manera de devolverle un vehículo incautado. Fue así que, para ocultar dicho encuentro, se advierte que inventaron fechas y entregas del vehículo en otro lugar, fabricando para ello documentos públicos. 

En el caso del fiscal Moisés Rodrigo Albañil Timaná, se determinó que se reunía a beber alcohol con uno de sus investigados: Luis Alberto Tapia Guevara. En uno de estos encuentros se negociaría el archivo del caso N° 748-2022, en el que también lo orientó a cómo afrontarlo para finalmente favorecerlo.

El caso del fiscal Víctor Gonzáles Olivos es aún más escandaloso. Este no solo habría recibido una coima para que se arribe una terminación anticipada con el detenido Pedro Jackson Pérez Rojas, además de consignar falsamente la celebración de dicho acuerdo; sino también las escuchas telefónicas permitieron saber que le pedía más de 20 mil soles de coima a Saulo Max Castillo Tello, investigado por la muerte de un joven en el interior de la discoteca Étnicas de Bagua Grande. 

El fiscal no solo no le pidió prisión preventiva, sino que terminó absolviendo al investigado. Estos hechos – según el informe policial – se logró descubrir porque se tenía “chuponeado” el celular de Luis Alberto Tapia Guevara.

Y, finalmente, el fiscal Max Antonio Rivasplata habría aceptado una hectárea de terreno para favorecer a un investigado en el caso N° 2185-2022, el cual terminó archivado.

En vista de los graves hechos de corrupción revelados, el fiscal a cargo de esta investigación – Tulio Hoyos Monsalve – no solo afrontó una falsa denuncia, sino también fue víctima de una amenaza de muerte directa, en la que se vio envuelto un efectivo policial que presta servicios en la DIVIAC.

Ello quedó evidenciado en el registro de una cámara de vigilancia instalada en la vivienda del citado fiscal oriundo de Chiclayo, en el que se aprecia el paso – en horas de la madrugada – de una persona a bordo de una motocicleta gritando palabras soeces e intimidatorias.

En diálogo con LA VERDAD, el fiscal afirmó que tras este hecho logró reconocer la voz del efectivo policial Jack Royfer Guevara Chacón, quien también ha sido comprendido en las investigaciones contra “Los Muelas de Bagua Grande”.

Hoy en día, en vista de la nula reacción de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal continúa siendo objeto de ataques, con el propósito de perjudicarlo y a la vez afectar la investigación que tiene a su cargo, por lo que aguarda una inmediata reacción desde la capital de la República.