28/01/22 – 05:00
La Defensoría del Pueblo, tras la intervención realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio Público a las instalaciones de la empresa Radio Tigre S. A. C., que opera el medio de comunicación PBO Radio, manifiesta lo siguiente:
La medida de allanamiento y descerraje cuenta con sustento legal en los artículos 84 y 86 de la Ley 28728, Ley de Radio y Televisión. No obstante, nuestra Constitución exige que toda actuación estatal que pueda afectar derechos fundamentales se lleve a cabo respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
A criterio de la Defensoría del Pueblo, en el procedimiento seguido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debió tomarse en consideración que no se trata de un medio de comunicación clandestino, sino de uno que habría estado operando de forma regular en nuestro país desde 1983 y que actualmente viene cuestionando la denegatoria de la renovación de su licencia en el Poder Judicial.
Además, el cierre del medio de comunicación y la incautación de sus bienes representa una medida sumamente gravosa a la libertad de expresión; más aún si la denegatoria de la licencia podría ser revertida por el Poder Judicial. Es necesario tener en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, las libertades informativas tienen una condición preferente en atención al rol que desempeñan en favor de la democracia y el control del poder.
Sumado a ello, para determinar la regularidad de la intervención, también resulta necesario evaluar la oportunidad de la intervención. En esa línea, es relevante indagar acerca de la existencia de casos similares a los de Radio Tigre S. A. C. y cuál ha sido el proceder de las autoridades estatales frente a ellos.
Por las razones expuestas, en el marco de las competencias de defensa de los derechos fundamentales y supervisión de los deberes de la administración estatal, la Defensoría del Pueblo solicitará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones los actuados en el procedimiento seguido contra la empresa Radio Tigre S. A. C., a efectos de evaluar si se produjeron excesos en la intervención contra dicho medio de comunicación.
