15/04/25 – 05:14
Pero ese camino se cerró: las elecciones generales de 2026 ya fueron convocadas. Y tras ese acto formal, el Congreso no puede ser disuelto. En cambio, la presidenta Dina Boluarte sí podría ser vacada si se diera una crisis institucional. Así, el supuesto equilibrio de poderes ha quedado unilateralmente inclinado.
El propio Adrianzén fue interpelado el 9 de abril, y ya se han reunido firmas para interpelar a otros ministros: César Vázquez (Salud), Morgan Quero (Educación), Leslie Urteaga (Midis) y Raul Pérez Reyes (Transportes).
Cada uno enfrenta un flanco abierto. Vázquez es cuestionado por las cinco muertes causadas por el suero fisiológico defectuoso de la empresa Medifarma. Urteaga, por la cadena de intoxicaciones vinculadas a Qali Warma. Pérez Reyes, por la demora en la entrega del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y las deficiencias en el de Jauja. A Quero le vuelven a cobrar su polémica reacción frente a casos de violencia sexual docente en Amazonas. Su reciente, desafortunada, arenga “¡Que viva el autismo!” en una ceremonia oficial reavivó las tensiones.
En esta etapa final del gobierno, la única posibilidad de supervivencia política pasa por negociar en los márgenes. La realidad es clara: ya no tiene herramientas institucionales de presión frente al Congreso. Solo le queda resistir. O adaptarse.
Caretas
