En su informe de mayo, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advierte que el periodismo enfrenta amenazas. A los asesinatos de dos periodistas se suman agresiones verbales y restricciones al acceso a la información promovidas desde el Ejecutivo y el Congreso. Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso amenazan la libertad de expresión. Foto: composición LR Eva Palomino – La República Durante este mes de mayo, el Consejo de la Prensa Peruana documentó una serie de hechos que configuran un escenario crítico para la libertad de prensa en el país. El informe recoge asesinatos, hostigamientos, medidas legislativas restrictivas y decisiones administrativas que representan un ataque sistemático a los derechos fundamentales de periodistas y medios de comunicación.
La organización resalta la gravedad del asesinato del periodista Raúl Celis en Iquitos, el segundo en lo que va del año, y denuncia la inacción de la fiscal de la Nación ante los pedidos formales de las organizaciones de prensa para abordar estos crímenes.
La impunidad de casos históricos, como los de Jaime Ayala y Melissa Alfaro, refuerzan un entorno de alta vulnerabilidad para quienes ejercen el oficio periodístico.
El CPP también cuestiona la imposición de una franja informativa obligatoria por parte del Congreso, la negativa del Ejecutivo a entregar información pública relevante y el creciente número de fiscalías que exigen la revelación de fuentes. Estos hechos, señala el informe, afectan seriamente la independencia de los medios y la calidad democrática del país.
CPP: hechos que representan una situación crítica para la prensa
Uno de los hechos más alarmantes del mes fue el asesinato del periodista Raúl Celis, en Iquitos, el 7 de mayo. Sicarios lo interceptaron mientras se dirigía a su programa radial en Radio Karibeña. No se sustrajeron pertenencias, lo que refuerza la hipótesis de un crimen vinculado a su labor informativa.
Este caso se suma al de Gastón Medina, asesinado en enero en Ica. Aunque se dictó prisión preventiva contra un presunto implicado, colegas del periodista cuestionan la solidez del proceso y exigen mayor investigación.
Pese a la gravedad de ambos asesinatos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no ha respondido a una solicitud formal de reunión enviada por el CPP y otras organizaciones como la SIP, la ANP y el IPYS. Esta falta de respuesta institucional es considerada por el CPP como un reflejo de la indiferencia del Estado ante los ataques contra el periodismo.
A nivel legislativo, el Congreso aprobó por insistencia una modificación a la Ley 30364 que obliga a los medios a destinar el 10% de su programación a contenidos sobre violencia familiar, sin considerar criterios editoriales. Para el CPP, esto constituye una violación a la autonomía de los medios, al pluralismo informativo y a las libertades de expresión, prensa y empresa.
El informe también documenta otros hechos preocupantes, como el rechazo de la PCM a entregar información sobre un posible aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, alegando «confidencialidad», así como el hostigamiento a periodistas como Carolina Arredondo en Loreto, la exigencia ilegal de fuentes al medio Central de Noticias en Huaral, y las restricciones de ingreso al Congreso bajo argumentos arbitrarios.
