Auditoría de cumplimiento advierte que los trabajos ya habrían terminado antes del periodo establecido en el contrato. Cinco funcionarios y servidores tendrían presunta responsabilidad penal.
Amazonas vuelve a estar bajo la lupa de la Contraloría. Esta vez, por la contratación y ejecución del servicio de limpieza y descolmatación del río Utcubamba, en el sector El Aserradero, distrito de Jamalca, por el cual el Gobierno Regional de Amazonas pagó S/114 mil.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 036-2026-2-5331-AC, correspondiente al periodo evaluado entre el 22 de agosto y el 19 de diciembre de 2024, el órgano de control identificó hechos que comprometerían la contratación, conformidad y pago del servicio.
¿LOS TRABAJOS YA ESTABAN TERMINADOS?
Este es uno de los aspectos más graves señalados por la auditoría.
Según el informe, los trabajos de limpieza y descolmatación ya se encontraban culminados en septiembre de 2024, situación que habría sido evidenciada incluso mediante publicaciones de la propia dependencia regional.
Sin embargo, posteriormente se habría suscrito el contrato estableciendo que el servicio fue ejecutado entre octubre y noviembre de 2024.
Es decir, según la Contraloría, existiría una diferencia entre lo que habría ocurrido físicamente en el terreno y lo que posteriormente se consignó en la documentación contractual.
MAQUINARIA QUE NO CUMPLÍA LOS REQUISITOS
La auditoría también encontró observaciones en el proceso de selección.
El comité habría otorgado la buena pro a un postor que no acreditó completamente los requisitos establecidos para la maquinaria.
Entre las deficiencias identificadas:
La excavadora presentada tenía menor potencia y mayor antigüedad que la exigida.
El volquete también superaba la antigüedad máxima establecida en las bases.
Pese a estas observaciones, el proceso continuó y se otorgó la buena pro.
CONFORMIDAD SIN VERIFICACIÓN FÍSICA
Otro punto especialmente delicado está relacionado con la conformidad del servicio.
Según la auditoría, no se realizó una verificación física ni una adecuada supervisión en campo antes de otorgar la conformidad.
A pesar de ello, se habrían suscrito documentos de recepción y conformidad que permitieron continuar con el trámite correspondiente y efectuar el pago al contratista.
¿Y LOS 2,638 GALONES DE DIÉSEL?
La Contraloría también identificó lo que califica como simulación de la entrega de 2,638,42 galones de combustible diésel, mediante dos vales.
Según la auditoría, estos documentos habrían servido para sustentar que los trabajos fueron ejecutados durante el periodo contractual, pese a que los trabajos ya se habrían realizado en septiembre de 2024.
Este elemento forma parte de los hechos que sustentan las conclusiones del órgano de control.
CINCO CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD PENAL
Como resultado del control posterior, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal en cinco funcionarios y/o servidores públicos comprendidos en los hechos.
Asimismo, determinó presunta responsabilidad administrativa funcional en uno de ellos.
El informe fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Amazonas para que adopte las acciones correspondientes.
La Contraloría también recomendó iniciar las acciones legales respecto de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos, conforme a las conclusiones de la auditoría.
