La municipalidad reaccionó y decidió no renovar su contrato.
Sindicato asegura que decisión fue precedida por reclamos sobre remuneraciones de locadores y cuestiona desigualdades dentro de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
El Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chachapoyas (SITRAMUCH) anunció una movilización de protesta luego de que la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (MPCH) no dejaba claras las remuneraciones de Gledis Mirano Mazuelos, quien, según la entrevista, venía prestando servicios bajo la modalidad de locación.
De acuerdo con el dirigente sindical entrevistado, el reclamo del sindicato se originó a partir de lo que considera una desproporción entre las remuneraciones de determinados locadores y las responsabilidades que cumplen funcionarios y servidores municipales.
¿Por qué cuestionaban el contrato?
El dirigente sostuvo que existían casos de locadores que recibían alrededor de S/4,000 mensuales por realizar labores que, desde su perspectiva, no guardarían proporción con sus funciones, mientras algunos subgerentes municipales percibirían menores ingresos pese a tener mayores responsabilidades administrativas y estar expuestos a eventuales responsabilidades funcionales.
Según explicó, esta situación fue llevada a una asamblea sindical, donde se acordó formular un reclamo ante la administración municipal.
El dirigente también afirmó que la Junta Directiva del SITRAMUCH abordó el caso directamente con funcionarios municipales y que, en una reunión, se les habría comunicado que la remuneración de la trabajadora sería reducida sustancialmente.
Del reclamo al anuncio de movilización
El dirigente señaló que posteriormente convocó a una nueva asamblea para evaluar medidas de protesta. Entre los acuerdos se encontraba la realización de un plantón frente a la municipalidad.
Sin embargo, mientras el sindicato evaluaba estas acciones, tomó conocimiento de que la MPCH finalmente había decidido no renovar el contrato de Gledis Mirano Mazuelos.
El propio dirigente confirmó que la trabajadora ya no presta servicios en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
¿Y qué ocurre con la Beneficencia Pública?
Durante la entrevista también se preguntó por la situación de Mirano Mazuelos en la Sociedad de Beneficencia, en la cual se desempeña como presidente de directorio.
El dirigente precisó que, si se trata de su permanencia como trabajadora municipal, ya no forma parte de la MPCH; mientras que respecto de su eventual condición de presidenta de la Beneficencia, sostuvo que la designación corresponde al alcalde, aunque debe cumplirse con los requisitos establecidos para ejercer dicho cargo.
Por tanto, el sindicato señaló que no pretende intervenir en una atribución que corresponde a la autoridad municipal, según lo expresado en la entrevista.
SITRAMUCH asegura que tiene acuerdos registrados
La controversia, sin embargo, no debería reducirse únicamente a la permanencia o salida de una persona. Hay una pregunta de fondo que merece una respuesta transparente:
¿Cómo se establecen las remuneraciones de los locadores en la municipalidad y bajo qué criterios se determina que un servicio contratado está debidamente justificado?
Y, al mismo tiempo, corresponde determinar si las afirmaciones sindicales están respaldadas por documentación contractual, términos de referencia, órdenes de servicio y evidencia del trabajo efectivamente realizado.
El Dato: Los trascendidos en el Palacio Municipal, son que todos estos movimientos céleres se deben al Oficio N° 051-2026-2027-KMAM/S-CR, fecha: 08 de setiembre, del despacho de la senadora Katherinne Ampuero Meza, donde se refiere a la queja de la Sra. Yenny Ysolina Solis Calero, la que en representación de los vecinos de la cuadra trece del jirón Salamanca, reclamaron por las 499 bolsas de cemento. E incluso en el acápite N° 8. Solicita la copia de la orden de servicio, términos de referencia, entregables, conformidades, informes y demás documentación contractual de la señora Gledis Mirano Mazuelos; descripción de su participación en la reunión del 5 de enero 2026 con vecinos del Jr. Salamanca; y precisión sobre si estaba facultada para solicitar, gestionar o coordinar aportes para la obra, indicando quién autorizó dicha intervención.
