Comunicado dirigido a la prensa cuestiona al Jurado Electoral Especial de Chachapoyas y exige investigar la candidatura de Elmer Meléndez Pérez, de Alianza para el Progreso. Los ciudadanos sostienen que existiría una condena penal vigente y una inhabilitación para ejercer función pública.
Un grupo de vecinos, comuneros y ciudadanos vigilantes de Cocabamba y Luya lanzó un severo cuestionamiento al proceso electoral en este distrito y pidió al Jurado Electoral Especial (JEE) de Chachapoyas revisar la inscripción del candidato a la alcaldía Elmer Meléndez Pérez, de Alianza para el Progreso.
A través de un comunicado fechado el 2 de septiembre de 2026, los ciudadanos denuncian que el candidato tendría antecedentes judiciales y una condena penal que, según sostienen, podría impedirle ejercer un cargo público.
¿QUÉ DENUNCIAN LOS CIUDADANOS?
De acuerdo con el comunicado, Meléndez Pérez presuntamente tendría varias sentencias penales firmes por delitos vinculados a corrupción de funcionarios y apropiación de recursos públicos.
El documento hace referencia al Expediente 066 del 2018, relacionado con el delito de peculado por apropiación, en el que —según los denunciantes— se habría establecido el uso indebido de dinero público destinado a la construcción del colegio secundario N.° 18117 de Cocabamba.
El comunicado sostiene además que existiría una sentencia penal vigente y una pena de ejecución que no habría sido cumplida íntegramente.
MENCIONAN CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la referencia a la Casación N.° 1528-2023, que, según el documento, habría sido resuelta en abril de 2026 por la Corte Suprema de Justicia.
Los autores del comunicado sostienen que el recurso presentado por la defensa fue declarado inadmisible y que, por ello, habría quedado firme una sentencia que incluye pena suspendida, inhabilitación para ejercer función pública y reparación civil.
Estas afirmaciones corresponden al contenido del comunicado ciudadano y deberán ser contrastadas con las resoluciones judiciales y electorales originales para determinar exactamente cuál es la situación jurídica actual del candidato.
EL JEE DE CHACHAPOYAS EN EL CENTRO DE LOS CUESTIONAMIENTOS
Los ciudadanos de Cocabamba cuestionan que, pese a las denuncias que aseguran haber presentado desde julio, el candidato haya sido inscrito para participar en las elecciones municipales.
El comunicado pregunta directamente al organismo electoral:
¿Cómo pudo ser inscrita una candidatura si existían denuncias sobre una posible inhabilitación?
Los denunciantes también cuestionan la velocidad con la que, según su versión, se estarían desarrollando algunos procedimientos electorales, mientras determinadas observaciones sobre candidatos serían analizadas posteriormente.
Mencionan específicamente la Resolución N.° 01170-2026, mediante la cual —según el comunicado— el JEE habría anunciado que investigará una presunta omisión relacionada con la hoja de vida del candidato.
“NO PUEDE POSTULAR NI MANEJAR UN SOLO SOL”
El comunicado utiliza un lenguaje particularmente duro y sostiene que una persona que tenga una condena penal vigente por delitos contra la administración pública no debería poder administrar recursos municipales.
El cuestionamiento adquiere especial relevancia porque una municipalidad administra recursos destinados a obras, caminos, educación, salud, servicios públicos y proyectos de desarrollo.
Los ciudadanos advierten que permitir una candidatura cuestionada por antecedentes judiciales podría terminar afectando la confianza de la población en el proceso electoral.
Pero aquí corresponde hacer una precisión fundamental:
Una denuncia ciudadana o un comunicado no equivale a una sentencia electoral ni determina por sí solo la improcedencia de una candidatura.
Corresponde al organismo electoral y, de ser necesario, al Poder Judicial establecer la situación jurídica exacta del postulante.
“NO QUEREMOS AUTORIDADES CON ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN”
Los firmantes del documento exhortan a los periodistas a investigar el caso y a revisar la documentación judicial y electoral.
Su pedido es claro: que se determine si Elmer Meléndez Pérez cumple o no los requisitos legales para ser candidato y, eventualmente, ejercer la alcaldía de Cocabamba.
También cuestionan que el proceso electoral avance mientras las denuncias continúan pendientes de esclarecimiento.
La preocupación central no es solamente quién gana una elección, sino quién está legalmente habilitado para administrar los recursos públicos de una municipalidad.
UNA RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDE POSTERGARSE
El caso coloca al JEE de Chachapoyas frente a una responsabilidad particularmente delicada.
Si las denuncias son infundadas, corresponde aclararlo con documentos y resoluciones oficiales.
Pero si efectivamente existiera una sentencia firme que genere una inhabilitación vigente incompatible con el ejercicio de un cargo público, el organismo electoral tendría que actuar conforme a la ley.
En democracia, la transparencia electoral no puede depender de rumores ni de comunicados, sino de la revisión objetiva de expedientes, sentencias, hojas de vida y resoluciones.
Por ello, la denuncia de Cocabamba merece ser investigada y esclarecida antes de que las urnas hablen.
Porque una cosa es perder una elección y otra muy distinta es permitir que llegue al poder alguien que legalmente no podría ejercer el cargo.
