Grabación contiene afirmaciones sobre presuntos acuerdos previos, adecuación de términos de referencia y garantías para que determinadas empresas tengan el control de un proceso de selección.
Chachapoyas.– Una grabación de audio a la que se ha tenido acceso contiene declaraciones que podrían revelar una presunta coordinación irregular alrededor de un proceso de contratación que involucra al Gobierno Regional de Amazonas (GOREA) y un proyecto de obra relacionado con el Poder Judicial.
En el registro, los participantes hablan de la revisión previa de los términos de referencia (TDR) y de las bases del proceso, así como de la necesidad de introducir determinadas precisiones antes de que la documentación sea ingresada oficialmente a la entidad.
Uno de los participantes señala que los TDR deben quedar “limpios” y sin vicios de nulidad para evitar que el proceso se caiga durante alguna de sus etapas. Sin embargo, en otro momento de la conversación aparecen expresiones que generan interrogantes respecto de la presunta intención de orientar las condiciones del proceso hacia determinados participantes.
“EL COMITÉ DE SELECCIÓN GARANTIZA”
Uno de los pasajes más sensibles de la grabación se produce cuando se afirma que el Comité de Selección garantizaría que determinadas situaciones no representarían un problema para los participantes.
En el audio se escucha: “ustedes van a tener la buena pro, eso es una garantía 100%”, mientras también se menciona a una persona como supuesto nexo directo dentro del proceso.
De confirmarse la autenticidad, el contenido de estas afirmaciones podría ameritar una investigación para determinar si se trata simplemente de conversaciones preliminares o si existió efectivamente algún mecanismo destinado a favorecer a determinados postores.
¿TDR A LA MEDIDA?
La grabación contiene además referencias particularmente preocupantes sobre la elaboración de los términos de referencia.
Uno de los participantes afirma que los TDR de supervisión deberían “adecuarlos” y señala que lo importante sería proteger al contratista durante el proceso.
Más adelante, se plantea que determinadas empresas participarían en el proceso y que, una vez introducidos los TDR, se tendría el control de las condiciones de la convocatoria. Incluso se menciona expresamente la necesidad de colocar los TDR “con nuestras llaves, con nuestro control”.
Estas expresiones, por sí solas, no acreditan la comisión de un delito, pero sí constituyen elementos que deberían ser esclarecidos por las autoridades competentes, particularmente si el proceso corresponde a una contratación pública financiada con recursos del Estado.
PRESUNTOS “COMPROMISOS” Y EMPRESA DE CONFIANZA
Otro segmento del audio hace referencia a la existencia de “compromisos que cumplir” y a una instrucción para que el consorcio se conforme con una denominada “empresa de confianza”, con el propósito de garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones frente a la entidad.
La conversación también menciona que existirían acuerdos relacionados con la distribución de responsabilidades o beneficios, aunque el contenido del audio no permite establecer por sí solo quiénes serían los eventuales beneficiarios ni si finalmente se concretaron dichos acuerdos.
MENCIONES AL GOBERNADOR Y A FUNCIONARIOS
La grabación contiene asimismo menciones al gobernador regional Gilmer Horna y a otras personas vinculadas al proceso.
En uno de los pasajes se afirma que una persona habría sido colocada para “garantizar” determinados aspectos del proceso y se atribuye esta decisión al gobernador. Estas son afirmaciones realizadas por los participantes de la conversación y no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidad del gobernador ni de cualquier otro funcionario mencionado.
Por ello, corresponde que, de considerarse auténtica la grabación, se determine quiénes participaron, cuál era su función real, qué proceso de contratación estaba siendo coordinado y si las actuaciones descritas se ajustaron a la normativa de contrataciones del Estado.
UNA DENUNCIA QUE EXIGE TRANSPARENCIA
El contenido del audio plantea interrogantes que no deberían quedar únicamente en el terreno de las declaraciones.
¿Quién elaboró los términos de referencia? ¿Quién autorizó su modificación? ¿Qué empresas estaban siendo consideradas? ¿Existieron reuniones previas con los integrantes del proceso de selección? ¿Se modificaron las condiciones de contratación para beneficiar a algún postor? ¿Qué funcionarios o terceros participaron en estas coordinaciones?
Son preguntas que requieren respuestas documentadas.
La contratación pública debe desarrollarse bajo los principios de transparencia, igualdad de trato, competencia e integridad. Por ello, si existen indicios de que un proceso pudo haber sido previamente direccionado, corresponde que los órganos de control y las autoridades competentes determinen los hechos y las responsabilidades que pudieran existir.
EL AUDIO NO ES UNA SENTENCIA NI ACREDITA POR SÍ SOLO LA EXISTENCIA DE UN DELITO. PERO LAS AFIRMACIONES QUE CONTIENE SON LO SUFICIENTEMENTE GRAVES COMO PARA QUE EL PROCESO SEA REVISADO Y SE ACLARE SI LAS REGLAS DE CONTRATACIÓN FUERON RESPETADAS.
La ciudadanía de Amazonas merece conocer si las obras y servicios financiados con recursos públicos se adjudican mediante procesos transparentes y competitivos o si, por el contrario, existen coordinaciones previas que terminan condicionando quién puede ganar una contratación.
La última palabra corresponde a la documentación oficial, a las autoridades de control y, de ser el caso, al Ministerio Público.
