Lisenia Díaz Mori habría sido interceptada al salir de DIRCETUR, trasladada contra su voluntad y retenida mientras se exigía inicialmente S/ 240 mil por su liberación
CHACHAPOYAS.– La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria por el presunto delito de secuestro agravado, en agravio de Lisenia Díaz Mori, por hechos ocurridos en enero de 2023.
La disposición fiscal, emitida el 9 de septiembre de 2026, comprende a José Jesús Guevara Zagazeta, Kevin Axel Pazos Dávila, Carlos Majo Zuta, María Luisa Dávila Guivín y Lidman Santillán Vilca, a quienes el Ministerio Público atribuye provisionalmente diferentes niveles de participación en los hechos investigados.
LA PRESUNTA RETENCIÓN
Según la imputación fiscal, el 9 de enero de 2023, aproximadamente a la 1:20 de la tarde, Lisenia Díaz Mori habría salido de las instalaciones de DIRCETUR, cuando fue abordada y obligada a subir a un vehículo.
La Fiscalía sostiene que posteriormente habría sido trasladada hacia Levanto y luego conducida a una zona rural, donde habría permanecido retenida durante varias horas en una cueva.
De acuerdo con la investigación, en el traslado habrían intervenido dos vehículos, mientras que la agraviada habría permanecido bajo custodia y sometida a mecanismos de intimidación para impedir su libertad.
EXIGÍAN S/ 240 MIL POR SU LIBERACIÓN
Uno de los principales elementos de la investigación es la presunta exigencia económica.
La Fiscalía sostiene que durante la retención se realizaron coordinaciones con familiares de la agraviada para obtener S/ 240 mil a cambio de su liberación.
Finalmente, según la disposición fiscal, se habría acordado entregar S/ 100 mil, dinero que fue entregado el 10 de enero de 2023 en el estudio jurídico del abogado Harold Bacalla Torres, en Chachapoyas.
Posteriormente, la agraviada habría sido liberada y trasladada hasta un punto de la carretera, desde donde pudo retornar a su domicilio.
¿QUÉ PARTICIPACIÓN ATRIBUYE LA FISCALÍA?
La investigación establece diferentes roles para los investigados.
A José Jesús Guevara Zagazeta, quien habría ejercido la presidencia de la Ronda Campesina de Inguilpata, se le atribuye participación en la retención y custodia de la agraviada, además de coordinaciones relacionadas con la exigencia económica.
A Kevin Axel Pazos Dávila se le atribuye, según la imputación fiscal, participación en la planificación de la retención junto con otros investigados.
Asimismo, la Fiscalía describe presunta participación de Carlos Majo Zuta, Lidman Santillán Vilca y María Luisa Dávila Guivín, detallando las acciones que cada uno habría realizado antes, durante o después de los hechos.
FISCALÍA CUENTA CON DIVERSOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
La investigación fiscal incorpora actas policiales, declaraciones testimoniales, consultas vehiculares, registros de llamadas, imágenes de cámaras de videovigilancia, fotografías, documentos relacionados con los vehículos y pericias, entre otros elementos.
También se han recogido declaraciones de la agraviada, familiares, personas vinculadas con los vehículos utilizados y efectivos policiales que participaron en las diligencias.
Pero la investigación todavía tiene actuaciones pendientes.
Entre ellas se encuentra la pericia informática y extracción de información de teléfonos celulares, incluyendo llamadas, mensajes de WhatsApp y datos de geolocalización correspondientes a los días 9 y 10 de enero de 2023.
La Fiscalía también dispuso solicitar información a empresas de telecomunicaciones, revisar grabaciones de cámaras de seguridad de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y realizar una reconstrucción de los hechos en los lugares donde la agraviada habría sido interceptada y posteriormente retenida.
120 DÍAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS
El Ministerio Público estableció un plazo de 120 días para la investigación preparatoria, de los cuales 90 días estarán a cargo del personal policial especializado y 30 días corresponderán al trabajo en sede fiscal.
Durante este periodo se deberán desarrollar las diligencias destinadas a determinar la participación individual de cada investigado y esclarecer las circunstancias de la presunta privación de libertad.
INVESTIGACIÓN NO SIGNIFICA CONDENA
Es importante precisar que la formalización de la investigación preparatoria no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal. Las personas investigadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias y el proceso judicial determina, de corresponder, las responsabilidades individuales.
