La organización advierte que la iniciativa del parlamentario de Renovación Popular vulnera las libertades de prensa e información durante escenarios de crisis y conflictos sociales en el país.
Aldo Bravo plantea un proyecto de ley que es cuestionado por ANP y el CPP. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó el proyecto de ley del diputado de Renovación Popular, Aldo Bravo, que busca penalizar la apología al delito agravado que se puede producir en medios de comunicación, al advertir que esta propuesta legal amenaza el libre ejercicio informativo durante períodos de crisis política y conflictos sociales.
El gremio señaló que, en momentos de tensión, la prensa tiene el deber de informar sobre protestas y alteraciones del orden público. Según consideran, una ley tan ambigua permitiría interpretar de forma indebida la difusión de hechos de interés general como si fuera una apología delictiva.
El proyecto N° 00043/2026-2031-CD, presentado por Aldo Bravo, busca incorporar el artículo 316-B al Código Penal, propuesta que busca dotar al Estado de herramientas preventivas contra la violencia, regulando el alcance e impacto de los mensajes de quienes tienen influencia pública.
El principal cuestionamiento del CPP radica en la imprecisión técnica de la norma, porque no queda establecido qué constituye exactamente una crisis política ni qué autoridad decidirá su inicio y fin, lo que expone la labor informativa a sanciones de carácter penal arbitrarias.
La advertencia también alcanza a los ciudadanos que compartan opiniones o información en plataformas digitales. Según la organización, cualquier usuario de redes sociales quedaría expuesto a interpretaciones expansivas que limitarían de manera grave su derecho fundamental a la libertad de expresión.
La organización recordó que iniciativas similares, que invocaban la seguridad interna como límite, fueron promovidas previamente por el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso anterior. Sin embargo, precisó que ninguna de estas propuestas de control a los medios prosperó en el Parlamento.
Asociación Nacional de Periodistas también rechaza propuesta de Aldo Bravo
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) coincidió en el rechazo a la iniciativa y advirtió que criminaliza la labor de prensa. Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló que el proyecto contempla penas de cárcel de hasta seis años para periodistas e influencers.
Lainez alertó que la norma vulnera el secreto profesional al proponer la incautación y revisión de teléfonos móviles de comunicadores. Debido a ello, adelantó que el gremio coordina acciones legales ante el Tribunal Constitucional si la representación nacional aprueba la iniciativa.
El Consejo de la Prensa Peruana rechaza proyecto de ley de diputado Bravo sobre apología al delito
La difusión de información de interés público podría ser interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito
El diputado de Renovación Popular Aldo Antonio Bravo Quispe propuso iniciativas legislativas que pueden terminar restringiendo las libertades de expresión, de prensa y de información (PL 00043/2026-2031-CD). Se busca penalizar supuestamente la apología al delito durante períodos de crisis política y conflictos sociales.
Pero es precisamente durante una crisis o un conflicto social cuando el periodismo tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre protestas, enfrentamientos, alteraciones del orden público y eventuales delitos. Una norma formulada en términos tan amplios como los que propone Bravo podría llevar a que la difusión de información de interés público sea interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito. No hay legislación comparada en estados democráticos de la región que hayan planteado y aprobado normas en ese sentido.
El principal problema del proyecto es su ambigüedad. ¿Podría considerarse apología que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las motivaciones de quienes la convocan? Igualmente problemática es la referencia a los períodos de “crisis política”. ¿Qué constituye exactamente una crisis política y quién determina cuándo comienza y cuándo termina? Cuando están en juego sanciones penales, estas indefiniciones no son asuntos menores.
El proyecto de ley de Aldo Bravo es un riesgo no solo para la prensa. Cualquier ciudadano que comparta información en sus redes sociales en estos contextos puede quedar expuesto a una interpretación expansiva de la norma.
El Congreso anterior y el gobierno de Dina Boluarte promovieron iniciativas que, invocando también razones de seguridad interna como el diputado Bravo, podían convertirse en potenciales mordazas a la prensa. Felizmente, en ningún caso las propuestas se convirtieron en ley.
