Rodríguez de Mendoza: Una grave denuncia ciudadana ha puesto en el centro de la controversia la gestión del alcalde distrital de Longar, José Arista Vargas, a quien se le atribuye la presunta adjudicación directa de cuatro proyectos de construcción de puentes sin que, según los denunciantes, se haya realizado el proceso regular de licitación pública establecido por la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo con la denuncia, las obras habrían sido entregadas bajo la modalidad de ejecución por emergencia, pese a que —según sostienen los ciudadanos— el distrito de Longar no se encuentra declarado en estado de emergencia y tampoco contaría con la disponibilidad presupuestal total para ejecutar dichos proyectos.
Los denunciantes señalan que, al revisar el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), no encontraron procesos de selección publicados para estas obras durante el año 2026. Sin embargo, afirman que ya se vienen instalando las empresas encargadas de la ejecución y supervisión, incluso con la colocación de los respectivos carteles de obra.
Asimismo, aseguran que el personal técnico que participó en la construcción del puente Lucma estaría interviniendo también en estos nuevos proyectos, situación que consideran merece una investigación por parte de los órganos de control.
La denuncia también alcanza al proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del distrito. Según los pobladores, el saldo de obra habría sido igualmente adjudicado de manera directa y, durante su ejecución, se estarían realizando modificaciones al expediente técnico sin la autorización correspondiente.
Entre las principales observaciones figura el supuesto cambio del punto de captación de agua. De acuerdo con los denunciantes, el expediente técnico contemplaba captar el recurso hídrico desde una quebrada de agua cristalina; sin embargo, la empresa ejecutora estaría utilizando otra fuente más cercana, ubicada en una zona de pastizales, lo que —afirman— podría comprometer la calidad del servicio y reducir considerablemente los costos de ejecución en beneficio del contratista.
Del mismo modo, sostienen que la instalación de tuberías tampoco se estaría ejecutando conforme al expediente técnico, ya que en lugar de ser enterradas, como estaría previsto en el proyecto, se estarían colocando expuestas al aire libre.
Finalmente, los ciudadanos expresaron su preocupación porque, según indican, varias de estas obras no contarían con el financiamiento suficiente para garantizar su culminación, situación que, de confirmarse, podría generar serios problemas administrativos y económicos para las futuras gestiones municipales.
Ante estos hechos, la población solicita la inmediata intervención de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a fin de verificar la legalidad de los procesos de contratación y determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.
