La libertad de prensa exige rigor para informar sin convertir responsabilidades individuales en condenas contra comunidades enteras.
Por Jorge Céliz Kuong – Expreso
Una sociedad democrática necesita periodistas libres, pero también instituciones protegidas de la condena mediática. El delito eventualmente cometido por unos pocos no puede convertirse en una sanción penal, moral o reputacional para miles de personas ajenas a los hechos.
Hay una frontera que el periodismo no debería cruzar: aquella en la que informar deja de significar explicar los hechos y comienza a significar fabricar culpables. Una afirmación lanzada desde un estudio de televisión puede recorrer el país en minutos, desprenderse de su contexto y convertirse en una verdad aparente antes de que una autoridad tenga tiempo para investigar.
La competencia por la audiencia ha introducido una lógica peligrosa. El titular debe sorprender, la imagen debe conmover y el conflicto debe sostener la atención. Sin embargo, la función del periodismo no consiste en ganar la carrera por el impacto, sino en ofrecer elementos suficientes para comprender una realidad compleja.
La diferencia importa especialmente cuando están involucrados menores de edad. Su identidad, su entorno familiar y cualquier dato que permita reconocerlos merecen protección reforzada. Convertir su desgracia en contenido televisivo no amplía necesariamente el derecho a la información; puede, simplemente, prolongar el daño.
Pero existe otra víctima que suele quedar fuera de cámara: la institución. Un colegio no es únicamente su director. Es una comunidad formada por estudiantes, docentes, trabajadores y familias. Una institución pública tampoco se reduce a quienes temporalmente ejercen cargos. Cuando se presenta a una organización como negligente, cómplice o encubridora sin una conclusión oficial que lo sustente, la acusación puede proyectarse sobre miles de personas.
Este principio adquiere una dimensión especial cuando se habla de la Marina de Guerra del Perú, institución de la Patria vinculada a una trayectoria histórica y a un legado de servicio nacional. Su identidad institucional no puede ser atropellada ni convertida, por hechos atribuidos a personas determinadas, en una condena colectiva. La propia estructura de formación naval evidencia una cultura institucional orientada al compromiso, la disciplina y el servicio.
Hay además una realidad que merece reconocimiento: existen militares y marinos que, en el cumplimiento de sus funciones, asumen riesgos personales para proteger a otros y servir a la sociedad. El valor de ese servicio no elimina la obligación de investigar cualquier conducta irregular; pero tampoco permite que eventuales responsabilidades individuales sean utilizadas para satanizar a toda una institución. La justicia exige individualizar responsabilidades, no fabricar culpabilidades colectivas.
Aquí aparece un principio elemental: el delito de pocos no puede convertirse en una sanción penal, moral o reputacional para muchos. Si una persona comete un delito, corresponde investigarla y, de ser el caso, sancionarla conforme a ley. No corresponde trasladar automáticamente esa conducta a alumnos, familias, docentes, trabajadores o servidores que no participaron en los hechos.
El Estado debe fiscalizar sin intervenir en las líneas editoriales ni castigar opiniones. Su obligación es verificar infracciones concretas y aplicar la ley con proporcionalidad, debido proceso y criterios transparentes. Una sanción debe recaer sobre quien resulte responsable, no sobre una comunidad entera.
La discusión, en último término, no enfrenta libertad de prensa contra autoridad. Enfrenta responsabilidad contra impunidad. Una democracia madura necesita medios capaces de incomodar al poder y, al mismo tiempo, instituciones capaces de defenderse cuando son injustamente expuestas.
El micrófono es poderoso porque puede construir reputaciones, destruirlas o alterar la percepción de miles de ciudadanos. Por eso tiene límites. No para silenciarlo, sino para recordar una regla que ninguna sociedad democrática debería olvidar: la responsabilidad es individual, la dignidad es colectiva y el error de unos pocos no puede convertirse en la condena de muchos.
