La Fiscalía federal presentó un expediente actualizado (Superseding Indictment) contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que amplía los cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración para cometer torturas
UHN Plus
Un expediente presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York reveló nuevos detalles sobre los negocios ilícitos entre el régimen de Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y las organizaciones narcoterroristas colombianas FARC y ELN. La acusación sustitutiva (Superseding Indictment) amplía el marco de cargos contra la pareja criminal tras su captura y traslado a suelo estadounidense el pasado 3 de enero, exponiendo el saqueo de recursos estratégicos venezolanos como el petróleo y el oro para respaldar estructuras delictivas continentales.
Según la investigación de la Fiscalía norteamericana, tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro asumió compromisos económicos con la cúpula de las FARC derivados de deudas financieras contraídas por el tráfico internacional de cocaína. Para cancelar estos pasivos, el dictador acordó la venta ilegal de petróleo venezolano a la guerrilla entre 2013 y 2015, otorgándole a la organización armada un flujo constante de capitales para fortalecer su capacidad operativa en Colombia en plenos diálogos de paz.
Adicionalmente, los fiscales neoyorquinos documentaron que el chavismo incorporó el sector minero a la trama trasictual, facilitando a las FARC la explotación y comercialización de minas de oro en suelo venezolano. El escrito señala que Maduro conocía de manera directa que el usufructo de estos yacimientos auríferos y los ingresos por hidrocarburos proporcionaban el músculo financiero necesario para que la guerrilla continuara su confrontación armada y el control de rutas del narcotráfico.
El expediente extiende la responsabilidad criminal a Cilia Flores, señalando que alrededor del año 2007 ofreció contratos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a redes asociadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para afianzar acuerdos logísticos e institucionales. Estos elementos ratifican que el régimen utilizó la infraestructura de la principal compañía del Estado y las reservas militares como moneda de cambio para consolidar su alianza con la ciberdelincuencia y el narcoterrorismo regional.
Esta ampliación de cargos se suma a la evidencia sobre cumbres secretas con los cabecillas alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, en las cuales se acordó el envío de minas terrestres cubanas, pertrechos de las reservas militares del Ejército venezolano y el uso de camiones cisterna de la DGCIM para transportar cocaína a cambio de armas. Con este nuevo pliego de cargos, la justicia de Estados Unidos reafirma la estructura del narcoestado chavista y consolida el juzgamiento de sus máximos responsables por delitos contra la seguridad internacional.
La causa abierta ante la justicia federal de Nueva York avanza mientras se analizan los volúmenes de transacciones y el alcance de las concesiones mineras y petroleras entregadas a los grupos armados ilegales. La evidencia de la Fiscalía estadounidense ratifica la amenaza que representó la red de corrupción y narcotráfico encabezada por Maduro y Flores para la estabilidad democrática del Hemisferio Occidental.
(Con información de El Colombiano y Revista Semana)
