Recurso presentado por el Colegio de Abogados de Loreto también cuestiona modificaciones al Código Penal en materia de minería ilegal. El Congreso y el Ejecutivo tienen 30 días útiles para responder.
Luis Villanueva – Perú 21
El Tribunal Constitucional (TC)admitió a trámite una demanda presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cambios al Código Penal relacionados con la minería ilegal.
La acción cuestiona el artículo único de la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026, así como el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal.
El gremio sostiene que estas disposiciones vulneran derechos como el de vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental. Su principal cuestionamiento apunta a que una herramienta concebida como transitoria se habría convertido en un mecanismo de permanencia para actividades mineras que no cuentan con autorización.
Uno de los argumentos más fuertes de la demanda es que el Reinfo estaría generando una suerte de “inmunidad” administrativa, civil y penal para sus inscritos que no ha cumplido con el objetivo de su creación hace más de 24 años.
Según el Colegio de Abogados de Loreto, permanecer en el registro permitiría que personas que desarrollan actividad minera sin autorización eviten responsabilidad penal.
Pero el pedido va más allá de tirar abajo la última prórroga. Como pretensiones accesorias, el gremio solicita que el TC declare que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente y elimine las supuestas inmunidades vinculadas al régimen. También pide que otras normas relacionadas sean declaradas inconstitucionales por conexidad.
El CA de Loreto recordó una decisión del propio TC de abril de 2025 en el que ante una demanda del mismo Colegio de Abogados contra una prórroga anterior, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar la improcedencia por sustracción de la materia. En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron por declarar fundada la demanda.
Ahora, el Colegio sostiene que la nueva regulación mantiene los efectos lesivos advertidos en aquella controversia y prolonga un régimen que debía ser temporal.
El TC notificará al Congreso y al Ejecutivo, que tendrán 30 días útiles para responder. La admisión a trámite no significa que el Tribunal haya declarado inconstitucional el Reinfo ni las modificaciones al Código Penal. Los cuestionamientos de fondo serán evaluados al momento de emitir sentencia.
