SENTENCIA HISTÓRICA: PODER JUDICIAL obliga a la MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS a anular papeletas a ciudadano con discapacidad

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Jindley Vargas

Mediante la Resolución N.º 5, el Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas ordenó la nulidad absoluta de las papeletas y sanciones que la Municipalidad me impuso arbitrariamente por estacionarme frente al municipio, un espacio que la comuna se niega a regular con parqueos preferenciales para personas con discapacidad.

Esta cadena de sanciones fue una estrategia coordinada de amedrentamiento institucional para frenar la fiscalización cívica que ejerzo desde la presidencia del FREDDICH.

La imposición injusta de estas papeletas bloqueó por años la renovación de mi licencia de conducir, vulnerando mi libertad de tránsito y autonomía al ignorar que mi motocicleta adaptada es mi único medio de movilidad tras la amputación de mi pierna derecha. Con esta contundente decisión, la justicia frena de manera definitiva el abuso de autoridad y restituye el respeto a la dignidad frente a la arbitrariedad municipal.

El dictamen judicial confirmó que la gestión edil actuó de manera autómata y arbitraria al multar sin garantizar la accesibilidad que exige la Ley General de la Persona con Discapacidad. En consecuencia, la justicia dispuso el borrado total de las infracciones y el restablecimiento del récord del conductor libre de sanciones.

En el tramo final de una gestión marcada por la insensibilidad y la omisión de deberes, la Alcaldía y la Procuraduría enfrentan una disyuntiva: ¿acatarán la sentencia o insistirán en la obstinación de apelar?

Apelar por mero orgullo no cambiará la verdad jurídica, pero dilatar la sentencia sí costará caro a la comuna: cada día de demora aumentará los costos procesales y blindará la demanda de indemnización por daños, perjuicios y gastos de transporte que exigiré tras el bloqueo injusto de mi licencia.

En su oportunidad, la Policía ya corrigió su accionar aplicando el criterio de razonabilidad (Art. 234 del RNT) y hoy la justicia anula el abuso municipal. La gestión saliente debe acatar el fallo con dignidad procesal y entender que los derechos fundamentales no se someten al amedrentamiento de ninguna autoridad.

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