06/02/17 – 04:51
Por: Diario UNO
La virtual confirmación de que el expresidente Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht, genera justificada indignación y vergí¼enza nacional, porque ratifica la gravedad del problema de la corrupción en el Perú y la falta de escrúpulos de quien, sobre la cresta de la ola que se alzó contra la dictadura criminal y corrupta de los 90.
Resulta por tanto repugnante que quien se encaramó sobre aquel movimiento de dignidad nacional que hizo inviable al régimen criminal, haya incurrido también en delitos contra los intereses del Estado, robándole al país recursos que tanto necesita la población y sobre todo los más pobres, a fin de mejorar sus duras condiciones de vida.
Ahora sabemos por qué ese proceso de democratización quedó trunco y fue limitado en sus alcances de legítima recuperación de la democracia, dándole contenido ciudadano y extirpando del todo la corrupción del aparato estatal, para que nunca más se repita la cleptocracia derrotada que, ahora, amparada por aquella frustración y con el lema cínico de nosotros robamos menos?, pretenden erigirse en policías, fiscales, jueces y verdugos de la lucha contra la corrupción, cuando aún tienen tantas cuentas que saldar con la justicia.
Es de esperar que el exgobernante al que inculpan diversas y sólidas evidencias cumpla con su reiterado compromiso de afrontar a la justicia y no busque esconderse, acaso en Israel, país del que es ciudadana su esposa y con el que su administración mantuvo privilegiadas relaciones que bien podrían servirle para cobijarse en la impunidad.
Los mecanismos internacionales de justicia deben activarse para evitar que el exgobernante logre escapar y para ello es importante que colaboren los gobiernos de países que lanzan proclamas contra la corrupción y que deben demostrar que esa prédica no queda en palabras sino que se traduce en hechos, y, de ser necesario, extraditen a quien traicionó a todo un pueblo y prefirió el deshonor de la plata fácil sobre la gloria de servir a su país.
Hay que advertir también con la posibilidad que los herederos de la dictadura de los 90 aprovechen la situación para pretender legitimarse y, amparados en su poder parlamentario, que usan inclusive para presionar y amedrentar a los fiscales “con el objetivo evidente de que no investiguen los turbios negocios de la dictadura con Odebrecht“, manipulen los hechos para evitar que se investiguen los turbios negocios del fujimorismo con la empresa brasileña, de la que ha dado cuenta con notable precisión IDL-Reporteros.
