10/04/25 – 06:29
Según el texto sustitutorio aprobado, el agente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú que entregue armamento, instruya o coopere con alguna organización delictiva será castigado con severidad, en especial si su accionar contribuye a la comisión de actos violentos que causen muertes o lesiones graves.
La necesidad de establecer sanciones más drásticas responde a una preocupante realidad institucional. Solo en 2023, un portal de investigación que revisó 141 resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial identificó a 224 efectivos investigados por faltas graves y muy graves.
De ellos, 14 enfrentaron procesos por presuntos vínculos con bandas delictivas. Seis fueron separados de la institución, uno recibió una sanción leve, mientras que siete siguen bajo investigación.
Además, la Fiscalía Anticorrupción detuvo en septiembre del año pasado a 10 agentes del Depincri de Lima Sur, acusados de integrar la banda “Los Arteros del Sur”. Según la investigación, estos policías habrían montado operativos falsos, manipulado pruebas y extorsionado a detenidos.
Hechos similares se registraron en abril y julio de 2024, cuando agentes de otras unidades de investigación criminal fueron detenidos por presunto cobro de coimas y manipulación de pruebas.
Con esta propuesta, el Congreso pretende fortalecer la seguridad ciudadana y restaurar la confianza de la población en las instituciones encargadas de protegerla. Ahora, el proyecto deberá ser evaluado al pleno del Parlamento.
