JAÉN. – La consejera regional por San Ignacio, Lic. Martha Ocaña, reiteró su preocupación frente al avance de la minería ilegal en esta provincia y demandó la declaratoria de emergencia, al considerar que la situación es “insostenible” por el grave daño ambiental, la pérdida de vidas humanas y la ausencia de acciones efectivas de las autoridades competentes.
Ocaña recordó que, como parte de sus funciones de fiscalización, llevó la problemática ante el Consejo Regional de Cajamarca, lo que permitió la presencia de la Dirección Regional de Energía y Minas en la zona. Producto de las inspecciones realizadas se elaboró un informe de más de 200 páginas, remitido en 2023 al Ministerio Público del Medio Ambiente en Lambayeque, aunque –según denunció– hasta hoy no se conocen acciones concretas.
“Tenemos policía, fiscalía, juzgados en San Ignacio, pero no vemos resultados. Hay más de diez muertes vinculadas a la minería ilegal y lo que se percibe es un silencio total”, cuestionó la consejera, tras constatar campamentos en las riberas del río Chinchipe, Huaquillo, Namballe y otras localidades, donde las actividades continúan pese a que algunos operadores se amparan irregularmente en inscripciones del Reinfo.
Pedido de emergencia y acciones nacionales
En recientes gestiones en Lima, Ocaña y otras autoridades regionales exigieron al Ministerio de Energía y Minas mayor fiscalización en la zona norte de Cajamarca, además de solicitar la incorporación del gobernador regional en el comité nacional que afronta la minería ilegal.
“Hemos pedido que se declare en emergencia San Ignacio. ¿Dónde están nuestros congresistas? No vemos resultados y la situación se agrava cada día”, remarcó.
De aprobarse la declaratoria, se facilitaría la intervención coordinada de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, con acciones contundentes para frenar y sancionar a quienes promueven estas actividades ilícitas.
Fiscalización también en obras y proyectos
La consejera también defendió la continuidad de proyectos iniciados en gestiones anteriores, pero destacó que la actual administración regional impulsa avances significativos. Entre ellos, mencionó el hospital de San Ignacio, que pasó de un 25% de ejecución a encontrarse hoy en etapa de implementación de equipamiento y personal; el colegio emblemático N.° 16470, con un avance del 55% que beneficiará a más de 1,500 estudiantes; y la construcción de un plantel en la comunidad nativa Alto Naranjos.
Asimismo, resaltó la ejecución de más de 1,600 reservorios para enfrentar la sequía y garantizar agua a los agricultores, además de la entrega de proyectos educativos que estaban en arbitraje.
El caso del aeropuerto de Jaén
Finalmente, Ocaña se refirió al aeropuerto de Jaén, cuya operatividad sigue postergada pese a las millonarias inversiones. “Es una infraestructura clave no solo para Jaén, sino también para San Ignacio y toda la región, porque dinamizaría la economía y el turismo”, afirmó.
Con estas declaraciones, la consejera puso nuevamente en agenda el papel de los consejeros regionales como fiscalizadores, no solo frente a la amenaza de la minería ilegal, sino también en el seguimiento de proyectos estratégicos que impactan en la vida de la población.
