Editorial Diario UNO
La tragedia ocurrida la víspera de Año Nuevo en una bocamina de la provincia de Pataz en a que, según las denuncias locales, personal de seguridad de la minera La Poderosa asesinó a tres mineros ilegales ha devenido en la primera dura crítica política de los gobernantes regionales al presidente José Jerí.
Es cierto, que la minería ilegal es una plaga que afecta a la gran minería formal y a la mediana y pequeña minería informal, pero eso no justifica que los afectados se hagan justicia por mano propia, como parece haber ocurrido en este caso donde, además, se ha reportado la desaparición de otras siete personas, según el alcalde Aldo Mariños.
El hecho sirvió de causa para que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales – presidida por el gobernador regional de Áncash- formulara una rápida consulta y emitiera un duro comunicado de crítica al gobierno nacional sosteniendo que “lo sucedido en Patáz no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar el control territorial ni la protección de la vida de la población frente a la violencia criminal y las economías ilícitas”. Por ello, el ente pidió una intervención integral en la provincia y el fortalecimiento efectivo de la PNP, además de una articulación real con los gobiernos regional y locales, aunque recalcó que “la seguridad ciudadana es una responsabilidad indelegable del gobierno nacional”.
Inmediatamente el primer ministro Ernesto Álvarez, en lugar de dar una explicación clara de lo ocurrido, salió muy ofendido en RPP a replicar el comunicado afirmando que la inseguridad no lo ha creado este gobierno y que “durante décadas, los gobiernos regionales han usado su autonomía para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno”. O sea, devolvió la pelota a la otra cancha, pero sin meter gol.
La toma de distancia adoptada por los gobiernos regionales va más allá del caso Pataz y es la primera llamada de atención seria sobre los pocos avances logrados por el Ejecutivo en el tema de seguridad.
