Amazonas.— Una serie de declaraciones de alto contenido crítico vuelve a poner en el centro del debate público la gestión de los recursos del Gobierno Regional de Amazonas (GOREA), particularmente en proyectos emblemáticos como el Eje Vial Amazonas y obras hospitalarias inconclusas, entre ellas el Hospital de Utcubamba. Las acusaciones apuntan a un presunto desorden administrativo, uso ineficiente del presupuesto, posible direccionamiento de contratos y ausencia real de fiscalización, lo que —según se advierte— amerita la intervención urgente de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.
De acuerdo con el testimonio, el Gobierno Central no habría transferido recursos al GOREA en el PIA 2026, precisamente por la falta de culminación de proyectos recientes y la débil ejecución presupuestal. Se sostiene que montos millonarios del FONCOR habrían sido concentrados en el Eje Vial, mientras otras obras estratégicas permanecen paralizadas o sin resultados verificables.
Uno de los puntos más delicados es la presunta sobredimensión del aparato administrativo del Eje Vial: alrededor de 15 trabajadores dedicados a revisar valorizaciones y adicionales, con remuneraciones que oscilarían entre S/ 4,000 y S/ 15,000 mensuales. Se cuestiona, además, la existencia de vínculos familiares dentro del equipo técnico y la duplicidad de funciones pese a contar con supervisión externa, lo que —según la denuncia— habría generado observaciones, negociaciones informales con empresas y retrasos en los pagos.
Las críticas también alcanzan a oficinas externas alquiladas por el GOREA, donde operarían equipos del Eje Vial, del Hospital María Auxiliadora y de otras áreas, con gastos recurrentes en alquiler, seguridad y personal. Se advierte que estos costos se cargarían directamente a los códigos de los proyectos, inflando su presupuesto sin reflejar avances reales en obra.
Otro eje de preocupación es la modificación presupuestal: se afirma que recursos del Eje Vial habrían sido trasladados a emergencias y desastres, generando un vaciamiento del proyecto y comprometiendo su continuidad. Incluso se señala que recientes resoluciones ya no habrían sido suscritas por la Vicegobernadora ante la magnitud de estos movimientos.
En cuanto al Consejo Regional, la denuncia describe un escenario de débil control político: elevados gastos en viáticos, combustible y servicios, con montos que superarían los S/ 270 mil anuales, sin informes de fiscalización que evidencien resultados concretos. Se cuestiona el uso de vehículos oficiales y recursos públicos en actividades que no estarían vinculadas a la función fiscalizadora, lo que podría configurar responsabilidades administrativas y penales.
La situación se agrava ante la eventual judicialización del Eje Vial. Se advierte que un arbitraje podría extenderse por años, paralizando la obra y trasladando el impacto negativo a la población de Chachapoyas, Bongará y Luya, con una carretera deteriorada y sin posibilidad inmediata de intervención.
Finalmente, el denunciante anuncia que viene recopilando información documentada y desagregada sobre gastos y contrataciones, con la decisión de acudir a la Fiscalía para que se determinen responsabilidades individuales. En ese contexto, la exigencia es clara: una auditoría integral y una investigación fiscal exhaustiva que permitan esclarecer el destino de los recursos públicos y restituir la confianza ciudadana en la gestión regional.
Opinión editorial:
Las denuncias descritas no pueden quedar en el terreno del discurso político ni de la confrontación mediática, menos con un comunicado, que cual Pilatos, es una lavada de manos de esta gestión corrupta. La magnitud de los montos involucrados, la reiteración de observaciones y el impacto directo en servicios esenciales —salud e infraestructura vial— obligan a los órganos de control a actuar con celeridad y firmeza. La fiscalización efectiva no es una opción: es una responsabilidad ineludible frente a la ciudadanía de Amazonas.
