Río Santiago, Condorcanqui.— La expansión de la minería ilegal en la cuenca del Río Santiago ha encendido las alarmas en la provincia de Condorcanqui y podría desencadenar enfrentamientos entre comunidades indígenas, luego de un pronunciamiento público de condena absoluta emitido por la Federación de Comunidades Awajún del Santiago (FECAS).
El documento denuncia graves hechos de abuso, hurto, detención ilegal y tortura contra comuneros de la comunidad nativa Chipe Kusú, ocurridos el 27 de enero, presuntamente perpetrados por integrantes de una organización criminal identificada como Grupo Charip. Según el pronunciamiento, las agresiones no cuentan con ningún respaldo legal, consuetudinario ni cultural, y constituyen delitos flagrantes que vulneran derechos humanos fundamentales.
Entre las víctimas se menciona a comuneros Awajún que se desplazaban pacíficamente por motivos laborales, quienes habrían sido intervenidos de manera arbitraria, despojados de sus pertenencias, retenidos contra su voluntad, amarrados, rapados de forma humillante y agredidos física y psicológicamente. Además, se reporta la sustracción de dinero en efectivo (alrededor de S/ 1 000), víveres y la incautación irregular de herramientas y equipos de trabajo, sin acta ni autoridad competente.
La FECAS es enfática al señalar que ninguna norma nacional, internacional ni el derecho propio de los pueblos indígenas avala la tortura, el castigo corporal, la humillación pública, el hurto o la retención forzada de personas. En ese sentido, rechaza cualquier forma de “justicia paralela” y advierte que la violencia no puede ser justificada bajo pretextos de control territorial, aun en contextos de conflictividad por actividades ilegales.
Exigencias y acciones legales
El pronunciamiento exige la devolución inmediata e íntegra de los bienes y del dinero sustraído, responsabiliza directamente a los implicados por las consecuencias físicas, psicológicas y comunitarias, y anuncia el inicio inmediato de acciones legales ante el Ministerio Público y demás instancias competentes por delitos contra la libertad personal, el patrimonio y la integridad física, incluidos actos de tortura, que no prescriben moral ni jurídicamente.
Asimismo, la federación advierte que, de repetirse estos hechos, las comunidades adoptarán medidas consuetudinarias legítimas de protección territorial y defensa colectiva, declarando el territorio Awajún del Alto Santiago conforme a sus usos y costumbres, con el objetivo de evitar nuevos abusos, humillaciones y agresiones.
Riesgo de escalamiento del conflicto
Dirigentes y líderes comunales alertan que la presencia de la minería ilegal está fracturando la convivencia y creando un escenario de alta tensión entre comunidades Awajún y Wampís, con el riesgo de enfrentamientos si el Estado no interviene de manera oportuna y efectiva.
Análisis periodístico:
El pronunciamiento de la FECAS revela un vacío de autoridad estatal en zonas de frontera amazónica, donde la minería ilegal actúa como detonante de violencia, economías ilícitas y conflictos intercomunitarios. La falta de presencia integral del Estado —seguridad, justicia y servicios— deja a las comunidades expuestas a grupos criminales y a respuestas violentas que profundizan la crisis. Urge una intervención inmediata, intercultural y sostenida, que garantice derechos, restablezca la legalidad y prevenga un escalamiento que tendría consecuencias irreparables para la paz social en el Río Santiago.
Río Santiago, 30 de enero de 2026
Fuente: Condorcanqui informa Amazonas
