Chachapoyas – Amazonas.— La crisis que atraviesa el Hospital Regional Virgen de Fátima no se explica únicamente por la falta de presupuesto, sino por decisiones administrativas que no se toman a nivel regional, afectando directamente los derechos de los asegurados del Seguro Integral de Salud (SIS).
Para el año 2026, el SIS ha determinado una transferencia aproximada de S/ 3 millones destinada a cubrir las atenciones de los asegurados en el hospital de Chachapoyas. Sin embargo, estos recursos no ingresan directamente al nosocomio, sino que primero son transferidos al Gobierno Regional de Amazonas, en su calidad de pliego presupuestal y ente gestor del sistema de salud, conforme al modelo de descentralización vigente.
El problema —que se repite año tras año— es que el Gobierno Regional no realiza una redistribución oportuna del presupuesto de salud entre las distintas unidades ejecutoras, pese a que existen redes y direcciones que no logran ejecutar la totalidad de sus recursos, dejando saldos significativos sin gastar, mientras el hospital regional agota su presupuesto a mitad de año.
Este diseño presupuestal establece que solo después de que la región redistribuya y demuestre que el dinero es insuficiente, el SIS puede autorizar transferencias adicionales. No obstante, al no cumplirse este requisito regional, el hospital queda financieramente asfixiado, afectando la compra de medicamentos, insumos médicos, dispositivos quirúrgicos, material de laboratorio, combustible para traslados, viáticos del personal, artículos de limpieza y otros gastos esenciales.
Si bien el SIS permite, de manera temporal, contratar personal asistencial o administrativo, el pago de médicos especialistas no es una prioridad del financiamiento, ya que estos deben ser cubiertos con recursos del Ministerio de Salud y del presupuesto regional, responsabilidad que recae directamente en el GOREA. El incumplimiento de estos pagos ha generado retrasos, malestar y finalmente el retiro de especialistas, golpeando áreas críticas.
UCI cerrada y pacientes en riesgo
La consecuencia más grave de esta cadena de omisiones es el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, un servicio que se logró implementar con gran esfuerzo durante la pandemia y que permitió salvar numerosas vidas sin necesidad de trasladar pacientes a Chiclayo o Lima. Hoy, la región vuelve a quedar expuesta a traslados largos, costosos y riesgosos, donde pacientes en estado crítico pueden no sobrevivir el camino.
Desde una mirada médica y ciudadana, el cierre de la UCI es calificado como lamentable e indignante, no por falta de financiamiento nacional, sino por ausencia de voluntad política regional para priorizar la salud. Pese a promesas realizadas el año pasado —como la asignación de S/ 1.5 millones para especialistas—, el presupuesto nunca se concretó, profundizando la crisis.
Derechos vulnerados y silencio social
Los asegurados del SIS tienen derecho a atención integral, medicamentos, cirugías y traslados. El SIS cumple su rol como financiador, pero no administra hospitales. La calidad y capacidad del servicio dependen directamente de lo que el Gobierno Regional pone en funcionamiento. Si el hospital no tiene especialistas ni UCI, el SIS solo puede pagar por lo que existe, no por lo que debería existir.
Comentario periodístico:
Lo que ocurre en el Hospital Virgen de Fátima desnuda una verdad incómoda: el dinero existe, pero no se mueve. Mientras el GOREA no asuma con firmeza su rol de gestor, los hospitales seguirán colapsando y los pacientes pagando las consecuencias. La salud no puede depender de promesas incumplidas ni de la resignación ciudadana. En Amazonas, los derechos se están vulnerando en silencio, y el costo se mide en vidas.
