Miguel Lagos – Diario Expreso
En una columna en este espacio hace un año apuntábamos que, de mantenerse la tendencia y la posibilidad de que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga pasen a segunda vuelta este 2026, ambos debían decidir si hacer una campaña sobre la base de una política de consensos o de una política de lucha. O sea, o de respeto mutuo y contraste de propuestas, o de confrontación tóxica.
Lamentablemente optaron por lo segundo, y los peruanos lo han presenciado en torno a la megatorpeza de la salida de José Jerí de la presidencia. Jerí fue destituido tras una censura, acusado de reuniones no registradas con empresarios chinos y sospechosos contratos estatales. Se convirtió así en el séptimo presidente removido en una década, reflejo de la fragilidad institucional y el enorme despelote político peruano. El episodio no es poca cosa y remueve las divisiones políticas condicionando la campaña presidencial y parlamentaria en curso.
Las acusaciones entre ambos sectores derechistas de porkystas y fujimoristas siguen al rojo vivo, mientras dos causantes evidentes de la crisis, los centristas César Acuña y José Luna, permanecen frescos en campaña sin que se les mueva un músculo de la cara. El resultado de este evento político podría influir directamente en cuatro de los competidores presidenciales que las encuestas —si no están manipuladas— muestran hoy. López Aliaga con alrededor de 12–14%, Keiko con 7–8%, y en un segundo grupo López Chau con 4%, junto a Álvarez, Acuña y Vizcarra. El gran dato es que más o menos un tercio del electorado se declara indeciso o dispuesto a votar blanco/nulo, lo que abre un espacio enorme para sorpresas y realineamientos.
En el momento, está por verse el impacto de la salida de Jerí en contra o a favor de las derechas —tanto de las estratégicas, si las hay, como de las bobas—. Mientras tanto, no debe desestimarse que el izquierdista presidente interino José Balcázar, socio evidente de Vladimir Cerrón y de los «Dinámicos del Centro», puede jugar también bajo la mesa en pro de la candidatura de López Chau y su coalición izquierdista‑caviar (que incluye a Harvey Colchado, acusado por distintos sectores de haber dirigido una especie de policía política durante el vizcarrismo), y el afán de lograr una nueva Constitución. Siete partidos ya respaldan abiertamente la redacción de otra carta política, lo que muestra que, pese a sus grietas, las izquierdas convergen en ese objetivo común: refundar el modelo económico y político de 1993. La autonomía del BCRP y el régimen económico están hoy en la puntería de las izquierdas intervencionistas y estatistas.
