Jindley Vargas
Durante las últimas semanas, en la provincia de Chachapoyas los cortes de energía eléctrica se han convertido en rutina que alteran la tranquilidad, dañan equipos y quiebran la vida cotidiana. Las comunicaciones y los trabajos en red se interrumpen; los alimentos se malogran; los laboratorios quedan inoperativos; las medicinas que requieren frío se deterioran; y las cirugías se interrumpen en plena sala de operaciones, poniendo en riesgo directo la salud de la población.
Las consecuencias alcanzan también a la economía y al desarrollo regional: las industrias detienen su producción, las maquinarias y equipos se dañan y las pérdidas se multiplican; el turismo se ve golpeado afectando la imagen de Chachapoyas como destino porque hoteles, restaurantes y servicios básicos no pueden atender adecuadamente a los visitantes; los estudiantes pierden clases y acceso a plataformas digitales; los comercios no operan con normalidad; y la seguridad ciudadana se debilita cuando las calles quedan en penumbra y el sistema de vigilancia mediante cámaras deja de funcionar, exponiendo a la población a robos y delitos sin control.
Cada apagón no es un accidente aislado, sino el resultado de una cadena de malas decisiones que comprometen la salud, la economía y la seguridad de la provincia. No hablamos de simples incomodidades: hablamos de un sistema que expone a la población al caos y al riesgo mortal, mientras las autoridades locales permanecen indiferentes frente a una crisis que exige respuestas inmediatas y responsables.
Lo que vivimos es el retrato de una gestión podrida marcada por una negligencia supina que empezó con la tercerización del mantenimiento del sistema eléctrico a empresas sin logística real, sin implementación estratégica, sin grúas, equipos mínimos ni cuadrillas capacitadas, improvisando cada atención y sometiéndonos una y otra vez a la oscuridad. A ello se suma el apagado de nuestras propias hidroeléctricas —Caclic con 4.8 MW, San Antonio con 1.2 MW y Tialango con 0.15 MW—, dejándonos vulnerables cada vez que falla el proveedor externo. Así, el sistema no solo es ineficiente, sino deliberadamente abandonado.
El gobierno local, que debería garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos, guarda silencio frente a esta crisis. Esa omisión es inaceptable, porque la energía eléctrica no es un lujo, sino un derecho básico que sostiene la salud, la educación, el trabajo y la vida misma. A su complacencia se suman los reguladores y fiscalizadores, que también se esconden.
Lo que enfrentamos es la suma de la desidia y el abuso, y por eso la indignación del pueblo no solo es justa, sino, imprescindible para encender la acción y exigir que nuestras autoridades cumplan con su deber de representarnos y defendernos, en lugar de ocultarse tras la penumbra.
Ante la cruda realidad que nos golpea, planteamos un derrotero mínimo que empiece con transparencia inmediata: que Electro Oriente entregue la relación de equipos, personal y turnos de la empresa tercerizada y que se verifique en campo su existencia real. A ello debe sumarse la reactivación de nuestras generadoras locales para que nunca más volvamos a quedar sin energía. Es indispensable además un plan de mantenimiento calendarizado, con indicadores precisos y supervisión ciudadana, para que los cortes dejen de ser la norma.
Asimismo, exigimos concursos públicos limpios para seleccionar proveedoras de servicios adecuadas, sin direccionamientos ni empresas fantasmas, con participación ciudadana en la vigilancia. Y, finalmente, una mesa de coordinación local, donde el gobierno municipal, Electro Oriente, OSINERMIN, INDECOPI, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la ciudadanía establezcan el derrotero que incluya el mantenimiento y ordenamiento integral e inmediato de cables y postes y garanticen atención 24/7 en Chachapoyas.
Este es el derrotero mínimo para recuperar la dignidad del servicio eléctrico: sin transparencia, sin respaldo, sin mantenimiento, sin concursos limpios y sin coordinación, no habrá luz ni justicia; con ellos, en cambio, el pueblo puede encender la acción y recuperar lo que le pertenece.
La indignación no debe quedarse en queja, sino transformarse en acción organizada: el gobierno local, como representante del vecindario, tiene que liderar el reclamo con propuestas claras y compromisos verificables, y la ciudadanía debe acompañar con firmeza, porque callar nos convertiría en cómplices.
