El caso que involucra a la cooperativa agraria cafetalera Alta Montaña toma mayor gravedad tras revelarse detalles de la deuda superior a los 218 mil dólares, que permanece impaga desde el año 2024 y que ahora podría derivar en una denuncia penal por presunta estafa.
Según el representante de la empresa Impact Ventures Holdings (IVH), David Aguilar, el financiamiento fue otorgado con el objetivo de impulsar la compra y comercialización de café en la zona, beneficiando directamente a los productores cafetaleros de Rodríguez de Mendoza. Sin embargo, el compromiso no habría sido cumplido.
El préstamo fue formalizado mediante un pagaré que, ante el incumplimiento de pago, fue protestado legalmente, iniciándose un proceso judicial que ya cuenta con medidas cautelares firmes. En ese marco, el Poder Judicial dispuso el embargo de todas las cuentas bancarias de la cooperativa, así como de sus representantes, incluyendo al gerente Eder Grandez Muñoz y al presidente del consejo de administración.
Asimismo, se ordenó el embargo de bienes muebles e inmuebles vinculados a los directivos, aunque se ha detectado que algunos de estos ya se encontraban comprometidos en procesos anteriores por otras deudas, lo que evidencia un posible historial de obligaciones impagas.
Uno de los aspectos más delicados del caso radica en el destino del dinero. De acuerdo con la versión de la empresa acreedora, los fondos fueron entregados para adquirir café a productores locales y venderlo a una empresa intermediaria. No obstante, al verificar la operación, la supuesta empresa compradora confirmó que nunca recibió el producto, lo que genera serias sospechas sobre el uso real del dinero.
A esto se suma un elemento que agrava aún más la situación: el presidente del consejo de administración de la cooperativa habría manifestado que desconocía completamente la existencia del préstamo, incluso cuestionando la autenticidad de su firma en los documentos presentados, lo que podría abrir una línea de investigación por falsificación o uso indebido de documentación.
Pese a los intentos de conciliación, que incluyeron propuestas de reprogramación, reducción de intereses y facilidades de pago, el principal implicado no habría cumplido con ningún compromiso ni realizado abono alguno desde la obtención del financiamiento.
Incluso, se informó que el dirigente contrató dos estudios de abogados para negociar la deuda, pero ambos procesos quedaron inconclusos debido a la falta de respuesta y voluntad de solución.
Ante este escenario, la empresa afectada ha decidido evaluar acciones en la vía penal, considerando que existirían elementos que configurarían un presunto delito de estafa, al haberse obtenido el dinero bajo condiciones que no se habrían cumplido.
El caso genera preocupación en el sector cafetalero, no solo por el impacto económico, sino por el daño a la confianza en las cooperativas y en los mecanismos de financiamiento que buscan apoyar a pequeños productores.
Además, se advierte que podrían existir otras deudas con entidades financieras nacionales e internacionales, lo que ampliaría la dimensión del problema.
Mientras tanto, la gran interrogante sigue sin respuesta:
¿Dónde está el dinero y en qué fue utilizado?
