La Contraloría General de la República ha dispuesto una nueva obligación para las autoridades fiscalizadoras de gobiernos locales y regionales: regidores municipales y consejeros regionales deberán presentar, de manera semestral, informes detallados sobre el uso de los recursos públicos asignados a labores de fiscalización.
La medida fue oficializada a través de su publicación en el diario oficial El Peruano y tiene como objetivo reforzar los mecanismos de transparencia en la gestión pública, así como garantizar que los fondos destinados a supervisar a las autoridades sean empleados de forma adecuada y verificable.
De acuerdo con la nueva directiva, los funcionarios estarán obligados a consignar de manera precisa cómo ejecutaron dichos recursos durante cada periodo, permitiendo a la Contraloría ejercer un control más riguroso y oportuno, además de identificar posibles irregularidades o usos indebidos del presupuesto.
La normativa también introduce mejoras respecto a disposiciones anteriores, estableciendo criterios más claros en la presentación de los informes, con el fin de hacerlos comprensibles y accesibles tanto para los órganos de control como para la ciudadanía.
Con esta disposición, la Contraloría fortalece su rol fiscalizador y da un paso importante en la lucha contra la corrupción, promoviendo prácticas de mayor responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
No obstante, en el ámbito regional y provincial, persiste una percepción crítica sobre el desempeño de estas funciones. Si bien el discurso de la fiscalización es recurrente, los resultados concretos son escasos, lo que ha generado cuestionamientos hacia algunos regidores y consejeros, quienes, en determinados casos, son señalados por actuar con pasividad frente a las gestiones de alcaldes y gobernadores, debilitando su rol como verdaderos representantes del interés ciudadano.
