El reciente desalojo por alquileres impagos desnuda años de caos, impunidad e incapacidad en las oficinas del Ministerio de Cultura en Cusco.
Luis Felipe Alpaca – Lima Gris
¿Desde cuándo la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Mincul arrastra cuestionamientos? ¿Es novedad? Para nada. Esto viene de años, viendo desfilar personajes que hacen de todo, menos cumplir la tarea elemental de proteger el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. La historia está ahí, servida en bandeja. Cómo olvidar el caso de la construcción del hotel Sheraton sobre andenes incas, que dejó claro que aquí la intangibilidad de un patrimonio arqueológico vale poco o nada. Y, para rematar, el propio Mincul, de la mano de un personaje cusqueño como Rogers Valencia, exoneró de pagar una millonaria multa a la constructora R&G. Como si el escándalo no bastara.
Después vino el problema del aumento del aforo a la entrada de la llacta Machu Picchu. Luego apareció la propuesta de los famosos tickets electrónicos de Joinnus, que felizmente se cayó. Es decir, la Contraloría, mediante sus informes específicos y de control, se ha pasado los últimos años destapando irregularidades en esta Dirección Desconcentrada. Pero luego todo se enfría, se archiva en el silencio, y aquí no pasa nada.
No hablamos de la sede nacional. Hablamos del Ministerio de Cultura en la ciudad imperial, donde los problemas han sido permanentes, no solo por presunta corrupción, sino también por falta de ejecución y gestión. Sin embargo, esta Unidad Ejecutora 002 parece haber gozado casi siempre del apañamiento de la sede central. Ahí están ministros como Patricia Balbuena, Leslie Urteaga, Alejandro Neyra, Fabricio Valencia —encima cusqueño— y ahora Fátima Altabas, todos en la misma línea de mirar al costado; de pasar por alto lo que ocurre en Cusco, y se hacen de la vista gorda resistiéndose a fiscalizar y monitorear.
Y lo último ya no tiene nombre, porque acaban de desalojar las oficinas del Ministerio de Cultura en Cusco por no pagar el alquiler. Sin embargo, mediante comunicado, el portafolio negaba que hubiera desalojo y aseguraba que nada ocurriría. Finalmente sucedió y las instalaciones de la DDC quedaron vacías. ¿La razón? Una deuda impaga de más de 20 meses de renta. Así, dos inmuebles de tres niveles en el sector de Huáscar, fueron desocupados. Las oficinas administrativas donde operaban laboratorios, unidades técnicas y la Dirección de Parques fueron trasladadas, por fuerza mayor y de manera improvisada, a un nuevo local en Marcavalle.
Este hecho retrata cómo funcionan muchas entidades del Estado; con desidia, descompromiso, incapacidad, y hasta con cierta complicidad. Porque tampoco resulta verosímil que la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, Susel Paredes, haya aceptado la versión del ministerio de que no pasaba nada. Una respuesta que, en el fondo, desinformaba. ¿Proceder político?
Así estamos en el Ministerio de Cultura de Cusco. No de ahora, sino desde gestiones anteriores, con una institución errada, inoperante y divorciada del patrimonio. Todo ello, claro está, con la venia de la sede central ubicada en la avenida Javier Prado.
