La reciente convocatoria del Sindicato Unificado de Trabajadores del Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, realizada el viernes 15 de mayo de 2026, expuso un intento desesperado por sostener una narrativa que ha sido desmentida oficialmente por el Gobierno Regional de Amazonas (GRA).
En su agenda, el sindicato propuso aprobar una huelga indefinida por el supuesto “no pago del bono alimentario”, pese a que los informes técnicos del GRA confirman que no existe marco legal ni transferencia presupuestal para dicho beneficio.
Los documentos oficiales —el Informe N.º 001060-2026-G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGPT y el Memorando N.º 003226-2026-G.R.AMAZONAS/GG-GRPPAT— son categóricos: el pago de bonos sería improcedente y podría constituir malversación de fondos públicos, prohibida por la Ley N.º 32513 de Presupuesto del Sector Público 2026 y la Ley N.º 31188 de Negociación Colectiva en el Sector Estatal.
El dirigente sindical, que nunca se preocupó por revestir de legalidad los derechos de sus afiliados, insiste en exigir pagos que no fueron producto de negociación colectiva.
En anteriores oportunidades, dichos desembolsos se realizaron usando transferencias destinadas a otros conceptos. Esta práctica irregular, hoy bajo observación de la Contraloría, podría derivar en auditorías y en la obligación de devolver los bonos indebidamente recibidos.
La actual gestión, encabezada por la doctora Diana Bolívar, ha actuado con transparencia y rigor técnico, solicitando información oficial al GRA y confirmando que no existe beneficio adquirido ni autorización para bonos. Sin embargo, el secretario sindical continúa difundiendo información tergiversada, aprovechándose de la buena fe de los pocos afiliados que aún permanecen en su organización, mientras muchos otros ya se han desafiliado tras conocer la verdad.
La convocatoria sindical, que incluso advierte sanciones ilegales por no asistir a la asamblea, busca presionar y dividir al personal, amenazando con despedir a la directora si no se somete a sus exigencias. Este tipo de maniobras no solo desestabilizan la gestión hospitalaria, sino que ponen en riesgo la continuidad de los servicios de salud y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La ciudadanía debe saber que detrás de esta convocatoria sindical no hay una reivindicación legítima, sino una cortina de humo para ocultar irregularidades de gestiones anteriores. La transparencia y el cumplimiento normativo son hoy el eje de la nueva administración, que no se someterá a caprichos ni chantajes.
La Contraloría ya ha tomado nota del caso, y todo indica que los fondos mal utilizados deberán ser devueltos por quienes los recibieron sin sustento legal. La salud pública no puede ser rehén de intereses sindicales que confunden derechos con privilegios.
Fuente: Diario Ahora
