La comunidad de Nueva Vida alzó su voz de protesta frente al incumplimiento de compromisos asumidos por operadores mineros formales, quienes —según los pobladores— ofrecieron desarrollo y mejoras sustanciales en la calidad de vida que, hasta la fecha, no se han concretado.
De acuerdo con el testimonio de los comuneros, la actividad minera fue presentada inicialmente como una oportunidad de progreso para la zona. En ese contexto, se aseguró que en un plazo de apenas tres meses se evidenciarían avances significativos, principalmente en infraestructura vial, servicios básicos y generación de oportunidades económicas. Sin embargo, tras más de un año de explotación de recursos minerales, la realidad dista de lo prometido.
Los habitantes sostienen que no existe evidencia tangible de desarrollo en el territorio. “No hay carreteras, no hay progreso y las promesas han quedado en el abandono”, manifestaron, cuestionando además las condiciones en las que se permitió el ingreso de los mineros a la comunidad, señalando que este se habría dado bajo engaños.
El malestar se ha intensificado debido a la falta de ejecución de obras concretas y la ausencia de mejoras en las condiciones de vida. En ese sentido, la población exige respuestas claras y acciones inmediatas por parte de las empresas involucradas, así como la intervención de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
Entre los compromisos asumidos por la empresa minera, figuran la construcción de la carretera San Pablo – Nueva Vida a partir del 1 de abril de 2026, la nivelación de terrenos afectados desde enero del mismo año, la implementación de un tópico de salud con personal incluido, la obligación de los trabajadores externos de respetar las normas comunales y la creación de viveros de cacao prevista para marzo de 2026.
No obstante, los comuneros cuestionan el retraso y la falta de avances visibles en estos puntos, lo que ha generado incertidumbre y desconfianza hacia la actividad minera en la zona. “¿Hasta cuándo cumplirán con lo prometido?”, se preguntan, exigiendo resultados reales y no más ofrecimientos.
En este contexto, la población de Nueva Vida demanda una supervisión efectiva por parte del Estado, a fin de que la actividad extractiva no solo genere beneficios económicos para las empresas, sino que también se traduzca en desarrollo sostenible y bienestar para la comunidad.
