DELEGACIÓN O DENEGACIÓN LEGISLATIVA. QUIEN GOBIERNA EN PERÚ.

Rudecindo Vega Carreazo

Luego de un mes de ausencia gubernamental, la presidenta Keiko, logró su primer acto de gobierno, el pedido de delegación legislativa al congreso. Lo que ella no dijo el 28 de julio en su asunción ni el premier Galarreta el 20 de agosto en su investidura, lo manifiestan en su proyecto legislativo recientemente presentado. Ahí está el verdadero objetivo y sentido de su gobierno. En 8 macro temas han agrupado 66 grandes materias y otras 45 sub materias, todas gaseosas, muy generales, que comprenden todos los sectores y ministerios. En 120 días, si el congreso lo permite, tratarán de emitir leyes (decretos legislativos) para gobernar los próximos 5 años. Piden de todo, hasta lo que no necesitan, para “confundir o encimar” al nuevo congreso, con la delegación que obtengan querrán trazar la cancha de su gobierno, siempre que el congreso decida abdicar de su competencia más característica: dar leyes.

El gobierno de Keiko sabe muy bien, que el poder gubernamental, por obra de ellos mismos y sus aliados, hasta con reformas constitucionales, está en el congreso, que no controlan del todo. Saben que en el actual congreso no obtendrán las leyes que quieran y necesitan que les delegue su función de emitir decretos legislativos. Lo que hicieron cuando gobernaban desde el congreso, hoy en el ejecutivo, es un búmeran, su karma gubernamental. Tendrán que negociar pensando en el país, ellos que negocian beneficios particulares; tendrán que articular, ellos que saben desarticular; tendrán que dialogar ellos que saben imponer. Para gobernar tendrán que ceder, ellos que no quieren ceder. Este pedido de delegación es un ejemplo, menos agresivo que su propuesta original filtrada, pero más amplio, gaseoso y peligroso por igual. No la tendrá fácil a pesar de su fuerte campaña mediática.

Lo que pide el gobierno de Keiko es anacrónico, un retorno al pasado, militarización y “populismo punitivo” para combatir la inseguridad ciudadana (que no llama criminalidad); flexibilización laboral con más recorte de derechos laborales; desregulación ambiental similar al que provoco el “Baguazo; simplificación administrativa reducida a procedimientos y “trabas burocráticas”; modernización del estado pensada en reducir tamaño y compra de renuncias más que mejorar los servicios y acercarlo al ciudadano; reforma tributaria para perseguir al ciudadano más que combatir la evasión y exoneraciones; reforma financiera pensando en fomentar la usura bancaria más que proteger a los consumidores. 

1. Militarización, seguridad ciudadana y orden interno. En 12 acápites y 8 sub acápites contempla la militarización en cárceles, reforma penitenciaria, penalización de las protestas y más normas para delitos militares y policiales; entre otras. No aborda la derogación de las “leyes pro crimen”. Piden facultades legislativas para materias que están bajo su competencia administrativa y, podrían mejorar o reformar desde ese nivel. Obviamente, no es gratuito, pedir emitir normas con rango de ley.
2. Micro y Pequeña empresa. En 3 acápites y 4 sub acápites solicita regular la formalización de las empresas, nuevamente reducido a flexibilizar procedimientos, formalidades y algunas normas financieras. Incluye una norma muy centralista, que los gobiernos regionales transfieran recursos al Ministerio de la Producción para programas nacionales en las regiones. Nuevamente hay temas que no necesitan delegación.
3. Flexibilización laboral. Los 6 acápites solicitan legislar sobre empleo, empleabilidad y autoempleo juvenil (otra “ley pulpin”); la reforma de la fiscalización laboral (SUNAFIL), una ley de bonos no remunerativos para el sector privado como mejora salarial; indemnizaciones para personal de confianza; modificar los feriados y un nuevo régimen laboral que regule seguridad social, beneficios y despido bajo el pretexto de la formalización. Han reducido su objetivo anti laboral de la propuesta original, aún insisten en flexibilizar las normas laborales que siempre se traducen en menos derechos para trabajadores, más beneficios empresariales y perjuicio para el estado.
4. Simplificación administrativa. En 6 acápite y 3 sub acápites solicita lo mismo de siempre, impulsar otra enésima reforma de procedimientos administrativos en el sector publico con los mismos objetivos y visión de siempre, nuevo régimen de barreras burocráticas, nuevo sistema regulatorio (hay que estar atentos los consumidores), nuevo sistema de tasas y derogación de la inviable ley del artista.
5. Desarrollo productivo. El pedido más amplio y peligroso, en 19 acápites y 27 sub acápites solicita regular en agro, agua, pesca, minería, hidrocarburos, electricidad, turismo, infraestructura industrial, matera ambiental y recursos naturales. En cada rubro la solicitud es gaseosa y general, cada frase da para cualquier cosa. Inutilizaría la capacidad legislativa del congreso, bastaría con que exista cámara de senadores y no de diputados. Solicitan lo que no necesitan, lo que está en competencias del ejecutivo. Sector por sector, materia por materia, o existe un gran desconocimiento de la gestión o hay otras intenciones nada gratuitas. Pretenden nueva ley para todo.
6. Reforma tributaria, aduanera y acuerdos comerciales. En 5 acápites contempla, muy genéricamente, estas reformas y, el más detallado, sorprende por su ubicación, es la creación del “pago  de servicios por impuestos” en casos de desastres naturales en las inversiones de gobiernos regionales y locales.
7. Reforma y modernización del estado y servicio civil. En 8 acápites y 3 sub acápites incluye la reforma del poder ejecutivo; la reforma del empleo público, incluida la compra de renuncias y despido de quienes no tienen “estabilidad laboral”; la reforma del sistema de inteligencia; la reestructuración de SEDAPAL (anuncio de la presidenta); nuevo régimen de integridad pública y; un sistema presupuestario “top down” (de arriba abajo), para concentrar y centralizar la decisión y manejo en el MEF.
8. Vivienda y urbanismo. Resaltan en los 7 acápites normas referidas a nuevos procedimientos para otorgar factibilidades de servicios para zonificación y edificaciones, reforma de los bonos de techo propio regular y desastres naturales; nueva ley de acceso al agua incluida una referida al diseño para la determinación de las tarifas de agua.

El congreso debe evaluar al detalle los 111 pedidos, delegar a ciegas equivaldrá desaparecer. La Cámara de Diputados, legislativa por excelencia, terminaría convertida en una caricatura. Podría autorizar algunas materias o denegar lo solicitado para iniciar un real proceso de dialogo normativo que permita emitir decretos legislativos al Ejecutivo y otras leyes al congreso. Keiko tendrá que gobernar con la perversa arquitectura institucional que ellos armaron y hoy les explota en la cara. La delegación legislativa solicitada, en forma, es parecida a las del pasado, no en contenido. El gobierno pide cosas que están en su cancha, otras que son demasiado genéricas y gaseosas y, algunas deberían ser otorgadas sin demora.

En delegar o denegar se juega la gobernabilidad, el futuro del gobierno y del Perú. Gobierno y oposición recién empiezan a jugar su partido.