El operativo estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Magno Tito Apaza Mamani – Durante el operativo, las autoridades hallaron S/30 mil en efectivo en posesión del alcalde y la tesorera.
Kristhel Valdiviezo – Perú 21
El alcalde del distrito de Huacullani, en Puno, Magno Tito Apaza Mamani, fue detenido en flagrancia junto con la tesorera y una asistente de la municipalidad, por su presunta participación en el cobro de una coima de S/30 mil.
La intervención se realizó ayer miércoles 2 de septiembre dentro del local de la Municipalidad Distrital de Huacullani, en la provincia de Chucuito-Juli, región Puno.
El operativo estuvo a cargo de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Según la denuncia presentada por un empresario, inicialmente se le habría solicitado S/34.900 y posteriormente S/30 mil adicionales por una obligación pendiente. El denunciante también entregó a la Fiscalía un registro de audio relacionado con el caso.
La investigación está vinculada al Contrato N.° 009-2026-MDH, suscrito entre la municipalidad y la empresa FERBICONS CONSTRUCTORES S.A.C. por un monto de S/349 mil para la instalación de césped sintético en la comunidad de Challacollo.
De acuerdo con la información fiscal, la municipalidad había gestionado un pago parcial de S/69 mil, mientras que el empresario reportó dificultades para acceder al saldo pendiente.
Durante el operativo, las autoridades hallaron S/30 mil en efectivo en posesión del alcalde y la tesorera. Previamente, el dinero había sido fotocopiado e impregnado para facilitar su identificación durante la intervención.
La Fiscalía aseguró el registro de audio proporcionado por el denunciante y generó un código HASH para preservar su integridad como elemento de investigación.
Los tres intervenidos permanecen bajo investigación por el presunto delito de cohecho. Al tratarse de una detención en flagrancia, la Fiscalía cuenta con un plazo de 48 horas para ponerlos a disposición del juzgado correspondiente, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.
