Tarapoto: La Fiscalía sostuvo que la pareja habría utilizado influencias y una red de contactos para captar postulantes y cobrar dinero durante el proceso de admisión 2019-I en Tarapoto
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Tarapoto condenó al coronel PNP José Garay y a su esposa, Lila Cárdenas, por el delito de tráfico de influencias, en un caso relacionado con el proceso de admisión 2019-I de la Escuela de Formación Policial de Tarapoto.
Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la pareja habría cobrado dinero a postulantes con la promesa de asegurarles una vacante en la institución policial.
Cobros que llegaron hasta los 20 mil soles
La investigación estableció que los presuntos pagos habrían alcanzado a 10 de los 1,245 postulantes que participaron en aquel proceso de admisión.
El caso salió a la luz después de que el padre de uno de los postulantes denunciara haber entregado S/20,000, pese a que finalmente su hijo no consiguió una vacante.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Garay habría aprovechado su condición de entonces jefe de la División Macrorregional de Inteligencia de San Martín para invocar supuestas influencias ante el comité encargado del proceso de selección.
Su esposa, según la acusación fiscal, habría cumplido el papel de intermediaria, captando postulantes y recibiendo el dinero.
WhatsApp y presunta filtración del examen
Uno de los elementos más delicados expuestos durante el juicio fue el presunto uso de grupos de WhatsApp para coordinar los cobros y las acciones relacionadas con los postulantes.
La Fiscalía sostuvo que estos canales habrían sido utilizados incluso para presuntamente filtrar el examen de admisión y coordinar señales previamente acordadas durante las pruebas físicas.
De comprobarse plenamente estos hechos en las instancias correspondientes, estaríamos frente a una grave afectación de la transparencia de un proceso destinado a seleccionar a quienes posteriormente tendrán la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad ciudadana.
¿Cuál fue la condena?
El coronel José Garay fue sentenciado a 5 años y 4 meses de prisión efectiva.
Sin embargo, la ejecución de esta pena quedó suspendida hasta que la sentencia sea revisada o confirmada por la Sala Penal de Apelaciones de Tarapoto.
En el caso de Lila Cárdenas, el juzgado impuso 4 años y 8 meses de prisión suspendida, con un periodo de prueba de dos años y reglas de conducta.
Por ello, corresponde precisar que se trata de una sentencia que todavía está sujeta a revisión en la instancia superior respecto de la pena cuya ejecución fue suspendida.
La corrupción también amenaza la formación policial
Este caso deja una pregunta que va mucho más allá de los protagonistas de la sentencia:
¿Qué ocurre cuando el ingreso a una escuela policial puede ser convertido en un negocio?
La formación de un policía debería comenzar con un proceso de admisión basado en mérito, igualdad de oportunidades y transparencia.
Si alguien paga para conseguir una vacante, no solamente se perjudica al postulante que no pudo ingresar.
También se perjudica a todos aquellos jóvenes que se prepararon legítimamente y compitieron en igualdad de condiciones.
Y existe una consecuencia todavía más grave: la sociedad podría terminar poniendo un uniforme policial en manos de alguien que llegó a la institución mediante un mecanismo fraudulento.
Por eso, los procesos de admisión de las escuelas policiales deben contar con controles rigurosos y mecanismos capaces de detectar cualquier intento de manipulación.
Fuente: Diario Ahora
