La estación operaba sin autorización dentro de la zona restringida de 200 metros que rodea el establecimiento penitenciario. El sistema, montado sobre un mástil de bambú, podría proporcionar señal hacia el interior del penal y facilitar comunicaciones ilegales.
La infraestructura, detectada por personal especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), operaba sin autorización cerca del penal.
Esther Vargas – Perú 21
Una antena ilegal de internet fue instalada en la cima de un cerro cercano al penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, pese a encontrarse dentro de la zona restringida de 200 metros establecida para proteger la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
La infraestructura, detectada por personal especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), operaba sin autorización y estaba montada sobre un precario mástil de bambú de aproximadamente siete metros de altura. Por esa razón, el MTC ejecutó hoy un operativo para el retiro del dispositivo.
Según documentación técnica a la que tuvo acceso Perú21, el sistema podría proporcionar señal hacia el interior de la cárcel y facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos con el exterior.
Desmantelaron antena cerca del penal de San Juan de Lurigancho.
La estación fue identificada el 18 de junio de 2026 durante labores de monitoreo del MTC. Sobre el mástil se encontró una antena omnidireccional de 5.8 GHz.
Las mediciones efectuadas por los especialistas determinaron que el sistema opera en la banda de 5600 a 5620 MHz y presta servicios de transmisión de datos y acceso a internet.
Entre los equipos encontrados figuran un switch Ethernet, un convertidor de medios, una extensión eléctrica y cableado de fibra óptica conectado a una caja de distribución.
La estación fue identificada el 18 de junio de 2026 durante labores de monitoreo del MTC.
Antena fue instalada dentro de zona restringida
La infraestructura estaba dentro de la zona restringida de 200 metros alrededor del perímetro del penal Miguel Castro Castro, establecida por el Decreto Legislativo N.° 1229.
El MTC también determinó que la estación no posee un título habilitante para prestar los servicios detectados. Durante la inspección tampoco se logró identificar al propietario ni al responsable de la instalación.
De acuerdo con la documentación técnica, el mástil fue colocado directamente en la cima de un cerro. En el lugar no existe una vivienda o inmueble que pueda ser asociado con la infraestructura.
La legislación peruana establece restricciones para impedir la instalación de antenas ilegales alrededor de los establecimientos penitenciarios. El artículo 368-F del Código Penal contempla penas de entre cinco y nueve años de prisión para quien coloque o instale ilegalmente antenas transmisoras de internet, telefonía móvil o satelital en estas zonas.
De acuerdo con la documentación técnica, el mástil fue colocado directamente en la cima de un cerro.
Riesgo de comunicaciones ilegales desde el penal
El informe del MTC advierte que una infraestructura de estas características podría proporcionar señal hacia el interior del penal y facilitar comunicaciones no autorizadas entre personas privadas de libertad y el exterior.
Equipos como este podrían haber sido utilizados para cometer extorsiones, sicariatos u otros delitos. La Policía debe determinar quién operaba el servicio, quiénes eran sus beneficiarios y si existe alguna relación con actividades criminales.
Desde febrero de 2026, el Código Penal también tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
El Decreto Legislativo N.° 1733 incorporó el artículo 280-A, que establece penas de entre seis y ocho años de cárcel para quienes organicen, financien, instalen, operen, mantengan, presten o comercialicen estos servicios, siempre que sepan que están destinados a permitir o facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad.
La pena puede elevarse hasta los diez años cuando participa un funcionario público, se abusa de conocimientos técnicos especializados o existe una vinculación con una banda u organización criminal.
